El Gobierno nacional formalizó un contrato de préstamo por USD 300 millones con el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), con el objetivo de fortalecer la seguridad alimentaria y ampliar la cobertura de la Tarjeta Alimentar, según lo establecido en el Decreto 421/2025 publicado en el Boletín Oficial.
El financiamiento tendrá un plazo total de 15 años, con un período de gracia de 36 meses desde la entrada en vigencia del acuerdo. La iniciativa se enmarca dentro del “Programa de Apoyo a la Prestación Alimentar”, orientado a reforzar la asistencia directa a sectores vulnerables mediante transferencias monetarias.
El préstamo contempla 2 componentes principales: por un lado, apoyo presupuestario directo para la Prestación Alimentar, y por otro, financiamiento de gastos asociados a su implementación. Una de las modificaciones clave que permitirá esta nueva línea de crédito es la extensión del rango etario de los beneficiarios, pasando de 14 a 17 años, con el objetivo de alcanzar a una mayor cantidad de hogares en situación de vulnerabilidad.
Actualmente, la Tarjeta Alimentar beneficia a más de 4 millones de personas, incluyendo madres, padres, embarazadas, personas con discapacidad y titulares de pensiones no contributivas. El Ministerio de Economía señaló que en marzo pasado, la cobertura del beneficio alcanzaba el 95,1% del valor de la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que en ese momento era de $160.393 para un hogar tipo. Con el nuevo financiamiento se busca mantener esa proporción frente a presiones inflacionarias.
Este acuerdo con CAF está alineado con los compromisos asumidos por la Argentina en el marco del programa de facilidades extendidas con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que establece que las transferencias monetarias deben cubrir, como mínimo, el 95% del valor de la CBA.
El presidente ejecutivo de la CAF, Sergio Díaz-Granados, había anticipado que el préstamo sería aprobado por el Directorio del organismo en julio, y que se mantendrán los programas de asistencia con provincias y municipios. La intención es reforzar el tejido de contención social y consolidar la mejora de los indicadores sociales registrados hacia fines de 2024.
Según los datos oficiales más recientes, la pobreza alcanzó al 38,1% al cierre de 2024, mientras que la indigencia se redujo a 8,2%. Se estima que 6,9 millones de personas salieron de la pobreza en ese periodo, de las cuales 4,64 millones lograron superar la línea de indigencia.
Con este nuevo desembolso, el Gobierno busca consolidar esos avances y garantizar que la cobertura alimentaria llegue a quienes más la necesitan, aun en un contexto económico desafiante.
