La paritaria de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), firmada el pasado 4 de junio con la mayoría de las cámaras empresarias del sector, aún no fue homologada por el Gobierno. El plazo de homologación automática venció, y la Secretaría de Trabajo continúa sin convalidar el acuerdo, lo que generó movilizaciones del gremio y tensiones crecientes con el sector empresario y el oficialismo.
Durante una protesta realizada el 23 de julio, el secretario general de la UOM, Abel Furlán, acusó a Camima (Cámara de la Pequeña y Mediana Industria Metalúrgica Argentina) de trabar la homologación, vinculando a la entidad con el Grupo Techint y con el secretario de Trabajo, Julio Cordero. “Hay connivencia entre sectores del empresariado y funcionarios del Gobierno”, afirmó Furlán, señalando que la disputa incluso busca influir en la futura conducción de la CGT.
La respuesta de Camima
Desde Camima rechazaron las acusaciones y negaron haber impugnado el acuerdo. Aclararon que simplemente no lo firmaron y que respondieron formalmente a un pedido de la Secretaría de Trabajo el 16 de julio. También negaron vínculos con Techint o con el Ejecutivo y destacaron su carácter independiente.
Además, defendieron su representatividad: “Representamos a la mayoría de las pymes metalúrgicas del país, unas 22.000 empresas”, sostuvieron. Argumentaron que el aumento pactado pondría en riesgo la viabilidad de muchas pymes y los puestos de trabajo, y reclamaron condiciones que acompañen las mejoras salariales: mayor productividad, menor litigiosidad y reducción impositiva.
Un conflicto que expone tensiones políticas
Entre sus autoridades, Camima cuenta con José Luis Ammaturo, ex candidato a intendente de Quilmes en 2023 por La Libertad Avanza, lo que alimentó las sospechas del gremio sobre su cercanía con el Gobierno.
Desde la UOM insisten en que la demora perjudica directamente el poder adquisitivo de los trabajadores y recuerdan que la Secretaría de Trabajo está legalmente obligada a homologar un acuerdo ya firmado por cámaras como Adimra, Afarte, AFAC, Fedehogar y Caima.
El conflicto dejó en evidencia las tensiones entre el gremio y el Ejecutivo, pero también las divisiones internas entre las cámaras empresarias. Todo indica que el tema seguirá siendo uno de los focos de disputa política y sindical en las próximas semanas.
