Este miércoles venció el plazo otorgado por el Tribunal Oral Federal 2 para que los nueve condenados en la causa “Vialidad” paguen de forma solidaria los 684 mil millones de pesos (unos 537 millones de dólares) fijados como decomiso por defraudación al Estado. Ninguno de ellos cumplió con la orden, por lo que el tribunal, integrado por Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, quedó habilitado para ejecutar y rematar bienes hasta cubrir el monto.
La postura de Cristina Kirchner
La única presentación fue de la defensa de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, a cargo del abogado Alberto Beraldi. Solicitó la suspensión del decomiso, la revisión del monto y que el caso sea derivado a la justicia civil y comercial federal. Argumentó que “no tuve ni tengo en mi patrimonio cosas que hayan servido para cometer el hecho enjuiciado” y que toda su evolución patrimonial es “absolutamente legítima”.
También impugnó el cálculo realizado por el tribunal, basado en la actualización por inflación del monto original de 85 mil millones de pesos fijado en 2022. Mientras los peritos oficiales lo elevaron a 684 mil millones, la defensa sostuvo que, aplicando la tasa pasiva promedio del Banco Central, el valor real debería ser de 42 mil millones.
Bienes en la mira
Según los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, los bienes embargados incluyen cuentas bancarias, plazos fijos, cajas de seguridad y propiedades de Cristina Kirchner, Lázaro Báez, José López, Nelson Periotti y otros ex funcionarios de Vialidad de Santa Cruz. Entre las cuentas identificadas figuran tres en pesos y una en dólares en Banco Galicia, una en Banco Nación, cuatro plazos fijos en Banco Santa Cruz y cuentas en la Caja de Valores.
Antecedentes y condena
En diciembre de 2022, el Tribunal Oral Federal 2 condenó a la ex mandataria a seis años de prisión e inhabilitación perpetua por administración fraudulenta, fallo ratificado por la Corte Suprema en junio de 2025, que ordenó su arresto domiciliario. La causa investigó el manejo de la obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015.
Con el plazo vencido y sin pagos realizados, el proceso entra en etapa de ejecución, abriendo un nuevo frente judicial y político en una de las causas más emblemáticas de los últimos años.
