El Gobierno acaba de mover una de sus fichas más pesadas en el tablero energético argentino. Este viernes, el presidente Javier Milei firmó el Decreto 286/2025 y encendió la mecha de una de las reformas más profundas desde los años noventa: la privatización total de ENARSA. La decisión no es menor. Estamos hablando de desarmar pieza por pieza a la empresa estatal que, desde 2004, había sido emblema del regreso del Estado al control de la energía. El plan empieza por lo más sensible: la venta del control accionario de Transener, la columna vertebral de la red eléctrica nacional.
La medida, firmada por Milei y el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, habilita una licitación pública nacional e internacional que marcará el rumbo para la futura desarticulación del resto de los activos de ENARSA.
Transener, el corazón de la energía eléctrica
Transener no es una empresa más. Es la encargada del transporte de alta tensión de energía en Argentina. Con más de 15.400 km de líneas y 60 estaciones transformadoras, su infraestructura gestiona el 86% de la red eléctrica de alta tensión del país. En otras palabras: sin Transener, el sistema no funciona.
El gobierno eligió comenzar por este activo estratégico con la promesa de atraer capital privado, modernizar la red y resolver cuellos de botella históricos en la transmisión de energía. La venta de su control plantea interrogantes sobre la seguridad energética, el control de tarifas y la eficiencia regulatoria.
Una privatización en etapas, sin favoritismos
La estrategia del Ejecutivo prevé una privatización progresiva. Tras Transener, se espera la separación y eventual venta de los restantes activos de ENARSA, que incluyen:
- Centrales térmicas (Manuel Belgrano, San Martín, Brigadier López)
- Represas hidroeléctricas en construcción (Néstor Kirchner y Jorge Cepernic)
- Gasoductos (Perito Moreno, ex Néstor Kirchner; GNEA)
- Filiales regionales y sociedades mixtas como Vientos de la Patagonia I y Enarsa Servicios S.A.
Aunque aún no se difundió un cronograma definitivo para la desinversión total, el gobierno anticipa licitaciones abiertas, sin trato preferencial para empresas como Pampa Energía ni ventajas para empleados actuales de ENARSA. La decisión, dicen, es política: abrir el juego a nuevos actores y evitar viejos vicios.
La narrativa oficial: eficiencia, inversión y fin del “gasto inútil”
Según la argumentación del Ejecutivo, la privatización responde a una lógica de eficiencia: ENARSA habría absorbido durante años millonarios subsidios del Tesoro sin ofrecer mejoras tangibles. El gobierno sostiene que el sector privado no solo puede hacerlo mejor, sino que es el único capaz de movilizar inversiones, generar empleo y garantizar servicios modernos.
Se busca “salir del rol empresario” y reposicionar al Estado como ente regulador, organizador y garante del sistema energético. Las palabras clave repetidas en los comunicados oficiales: eficiencia, tarifas sostenibles y competitividad.
Críticas, alertas y una historia que se repite
Pero no todo el mundo aplaude. Desde sectores opositores y medios como Página 12 se advierte sobre un “desmantelamiento” de una empresa estratégica, nacida en 2004 como respuesta a las privatizaciones de los ’90. ENARSA fue concebida por Néstor Kirchner para recuperar la presencia estatal en el sector energético y ha sido protagonista de obras clave, como el gasoducto Vaca Muerta-Bs.As. o las represas patagónicas.
La discusión reaviva un viejo dilema argentino: ¿el Estado debe gestionar directamente sectores estratégicos o debe ceder ese rol al capital privado? La historia reciente sugiere que ninguna de las dos respuestas es sencilla ni carente de consecuencias.
Una pulseada energética con impacto nacional
Más allá de las posiciones ideológicas, lo cierto es que esta decisión impactará en la columna vertebral de la energía en Argentina. La licitación sobre Transener será el termómetro: de su resultado, su transparencia y su impacto inmediato dependerá el tono del resto del proceso.
La mirada está puesta en cuánto atraerá de inversión real, qué actores entrarán al juego y cómo responderán las tarifas y los servicios. Pero sobre todo, qué papel jugará el Estado para garantizar que el traspaso al sector privado no implique dejar de lado el interés público.
