Con el Decreto 450/2025, el Gobierno Nacional formalizó una ambiciosa reforma estructural del sistema eléctrico argentino. La norma modifica leyes clave del sector para liberar el comercio internacional de energía, reactivar contratos entre privados, habilitar la libre elección de proveedor y promover la inversión privada en transporte eléctrico. Se establece un período de transición de 24 meses para implementar los cambios.
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Durante años, el sistema eléctrico argentino funcionó como ese lavarropas viejo que uno no tira por nostalgia, pero que gasta más luz que una vidriera en Navidad. Ahora, el Gobierno Nacional decidió desenchufarlo y empezar de cero, con una reforma que promete pasar del modo “subsidio crónico” al modo “mercado competitivo” sin escalas.
El Decreto 450/2025, más que una norma, parece una declaración de divorcio entre el Estado y su histórico rol de niñera eléctrica. “Basta de pagar facturas ajenas”, grita la letra chica del decreto mientras le pasa la responsabilidad (y la oportunidad) al sector privado, con la promesa de eficiencia, inversión y libertad de mercado.
Entre las joyitas del nuevo régimen: apertura al comercio internacional de energía (para cuando te sobre un kilovatio y quieras venderlo en la frontera), contratos entre privados sin interferencias de 2013, libre elección de proveedor (sí, como si fueras a cambiar de prepaga, pero de electricidad) y facturas más limpias, sin cargos que suenan a multa municipal por no saludar al sol.
Eso sí, habrá un período de transición de 24 meses, porque hasta las revoluciones necesitan un GPS para no quedarse sin batería en el camino. El Estado promete un proceso gradual, ordenado y con menos sobresaltos que una licuadora en hora pico.
¿El objetivo? Un sistema eléctrico que funcione, que no dependa del humor del Tesoro Nacional y que, con suerte, no colapse cada vez que todos ponemos el aire en 24° en enero.
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El Gobierno Nacional oficializó la reforma estructural del sistema eléctrico argentino mediante el Decreto 450/2025, en el marco de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos. La medida introduce cambios clave a las leyes 15.336 y 24.065, con el objetivo de liberar, modernizar y dinamizar el sector energético, garantizando mayor competencia, eficiencia y previsibilidad para los usuarios.
Transformaciones centrales del nuevo marco
Entre los puntos principales del decreto, se destacan los siguientes:
- Apertura total al comercio internacional de energía eléctrica, con intervención estatal limitada solo a razones técnicas o de seguridad del suministro.
- Restablecimiento de contratos de compraventa entre privados, promoviendo la inversión y estabilidad en el abastecimiento eléctrico a largo plazo.
- Libre elección del proveedor por parte de los usuarios finales, sin obstáculos regulatorios.
- Transparencia en la facturación, prohibiendo la inclusión de tributos locales o cargos no vinculados directamente a los bienes y servicios prestados.
- Habilitación de diversas alternativas para el desarrollo de infraestructura de transporte eléctrico, priorizando la inversión privada y la iniciativa a riesgo propio.
Una transición ordenada
El decreto establece un período de transición de 24 meses, en el cual se adecuará la normativa complementaria y se garantizará la implementación gradual de los cambios. Este plazo permitirá una reorganización técnica y administrativa que acompañe la transformación del sistema eléctrico.
Con esta medida, el Gobierno apunta a consolidar un modelo energético sustentado en la autosuficiencia económico-financiera, la inversión privada y las señales de mercado, dejando atrás un esquema de subsidios y controles que, según datos oficiales, implicaron un gasto superior a los 105.000 millones de dólares en los últimos 20 años.
