El Gobierno nacional se encuentra en una etapa crítica de negociación con los gobernadores provinciales, tras la decisión inédita de los 24 mandatarios de avanzar con un proyecto de ley conjunto que busca modificar la distribución de fondos y recursos fiscales.
Esta medida, impulsada por la falta de acuerdo con la Casa Rosada, pretende lograr mayor participación de las provincias en el impuesto a los combustibles, ampliar el Aporte del Tesoro Nacional (ATN) y eliminar la discrecionalidad de los fondos fiduciarios.
Un frente provincial sin precedentes
La decisión unánime de las provincias ha encendido alarmas en el Gobierno, que ahora trabaja a contrarreloj en una contraoferta que contenga la avanzada legislativa. El temor es que esta alianza transitoria entre gobernadores logre mayoría propia en ambas cámaras del Congreso, lo cual pondría en riesgo la estrategia económica del Ejecutivo y la autoridad política del oficialismo.
Durante la última semana, los mandatarios provinciales participaron de un Zoom junto a senadores de diversos bloques (Unión por la Patria, PRO, UCR) para avanzar en la redacción del proyecto de ley. Este gesto de cohesión se interpretó como una señal contundente hacia la Nación.
El Gobierno responde con una contraoferta
Fuentes oficiales confirmaron que se está preparando una propuesta alternativa con la que se buscará satisfacer los reclamos planteados en la reunión del Consejo Federal de Inversiones (CFI), celebrada días atrás. En ese encuentro participaron representantes de 22 provincias, junto al viceministro del Interior, Lisandro Catalán, y el secretario de Hacienda, Carlos Guberman.
Sin embargo, aún no se han dado a conocer los términos concretos de dicha oferta. En paralelo, este martes 1 de julio está prevista una nueva reunión en el CFI entre los ministros de Economía provinciales y Guberman, quien posee un conocimiento detallado de las posibilidades presupuestarias de la Nación.
Un vínculo desgastado y declaraciones explosivas
La relación entre el Ejecutivo y las provincias se ha deteriorado en los últimos meses. Las declaraciones del presidente Javier Milei, quien calificó a los gobernadores como “la última trinchera de la casta”, tensaron aún más el vínculo y aceleraron el armado del proyecto común.
El Gobierno argumenta que la distribución de los fondos solicitados por las provincias comprometería recursos que ya tienen destino asignado, aunque sin admitirlo públicamente. La respuesta de las provincias ha sido contundente: el proyecto avanza, con o sin acuerdo.
Impacto político y económico
La posible unión legislativa entre distintos sectores opositores es vista como un factor de alto impacto político. La preocupación en Balcarce 50 no es sólo fiscal, sino simbólica: que se abra la puerta a futuros consensos que desafíen otras iniciativas del oficialismo.
Mientras tanto, en los mercados también se percibe la tensión. El riesgo país se mantiene estancado y la dinámica de reservas genera dudas. Según GMA Capital, ofrecer una solución política estable permitiría reducir la percepción de riesgo y facilitar el financiamiento de la deuda soberana.
Desde el oficialismo admiten que muchos reclamos son “razonables” y que será necesario ceder en algunos puntos. Los gobernadores más cercanos al Gobierno parecen dispuestos a esperar, pero insisten en que la respuesta debe ser concreta. “La palabra del Gobierno está devaluada”, afirman desde varias provincias.
