El Gobierno nacional, vetó este martes 24 de junio la Ley de Emergencia por las inundaciones en Bahía Blanca. La norma, sancionada el 4 de junio por el Congreso, establecía la creación de un fondo especial de $200.000 millones destinado a la asistencia de los damnificados y la reconstrucción de las zonas afectadas.
El decreto, firmado por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, fue publicado esta madrugada en el Boletín Oficial. El veto fue total y elimina la posibilidad de implementación del fondo, que había sido impulsado por distintos sectores políticos ante la gravedad de los daños sufridos en la ciudad.
Argumentos del Gobierno
El vocero presidencial, Manuel Adorni, explicó que el Ejecutivo considera que la ley duplicaba recursos ya transferidos previamente. “Casi tres meses después, la casta política pretende hacer política con la tragedia”, escribió en la red social X. Según el Gobierno, ya se habían dispuesto fondos para atender la emergencia y no era necesaria una nueva partida.
El decreto establece también mecanismos de control sobre las asignaciones presupuestarias, en línea con la política de equilibrio fiscal que sostiene el Ejecutivo.
Fuerte rechazo de la oposición
El veto fue duramente criticado por el Partido Justicialista bonaerense, presidido por Máximo Kirchner, que lo calificó como “un golpe a los bonaerenses que sufrieron una catástrofe”. En un comunicado afirmaron: “El mismo día que el Gobierno busca reconocimiento internacional por su política económica, le da la espalda a quienes necesitan ayuda urgente”.
Desde la oposición remarcaron que el fondo especial tenía como objetivo atender una situación excepcional y que su eliminación deja sin herramientas a los gobiernos locales para encarar la reconstrucción.
Situación en Bahía Blanca
Las inundaciones en Bahía Blanca provocaron graves daños materiales y dejaron a cientos de familias desplazadas. La ley vetada contemplaba asistencia directa a los damnificados, reconstrucción de infraestructura y apoyo a comercios e instituciones afectadas.
Tras el veto, la norma será remitida a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, que podrá ratificarla por mayoría calificada o dejar que quede sin efecto de manera definitiva.
