El presidente Javier Milei anunció que vetará el aumento del financiamiento universitario y la declaración de emergencia en pediatría que incrementa los fondos del Hospital Garrahan, si ambas iniciativas obtienen sanción definitiva en el Senado. Esta decisión se da luego de que la oposición lograra imponer ambos proyectos en la Cámara de Diputados, marcando un nuevo capítulo de tensiones entre el Ejecutivo y el Congreso.
El superávit como bandera innegociable
“El superávit fiscal no se negocia”, sentenció La Libertad Avanza en sus redes sociales, en un mensaje replicado por el propio presidente. Esta postura se alinea con otras medidas recientes del Ejecutivo, como el veto al aumento de jubilaciones y a la declaración de emergencia en discapacidad, que también habían sido aprobadas por el Parlamento.
Según fuentes cercanas al oficialismo, el resultado en Diputados ya era esperado, y los intentos por evitar el quórum de la oposición resultaron infructuosos. De este modo, 129 legisladores se sentaron en sus bancas y dieron vía libre a proyectos que el Gobierno considera fiscalmente inviables.
Golpe legislativo a los decretos de Sturzenegger
En paralelo, la Cámara Baja rechazó cinco decretos presidenciales que proponían la eliminación o reestructuración de organismos estatales clave, como Vialidad Nacional, el INTA, el INTI y varios entes culturales. Si bien para quedar anulados también requieren el voto negativo del Senado, este revés político significó un fuerte freno al plan de desregulación que impulsa Federico Sturzenegger desde la Jefatura de Asesores.
Entre los decretos más cuestionados se encuentran el 461/25, que disolvía Vialidad Nacional sin alternativa de reemplazo, y el 462/25, que proponía cambios profundos en la estructura del INTA y el INTI. Además, se rechazaron medidas que recortaban la autonomía de organismos culturales y del Banco Nacional de Datos Genéticos, y otro que afectaba el régimen de la marina mercante.
Negociaciones con gobernadores por fondos claves
Mientras tanto, el Ejecutivo intenta evitar una nueva derrota en el Congreso relacionada con el reparto de fondos. En concreto, busca trabar los proyectos que modifican la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y del impuesto a los combustibles líquidos, dos demandas centrales de las provincias.
En este sentido, La Libertad Avanza logró dividir a los legisladores que responden a gobernadores, negociando que el tratamiento del proyecto de los combustibles se postergue hasta el próximo miércoles. Según trascendió, el Gobierno estaría ofreciendo mejoras en el porcentaje de coparticipación a cambio de apoyo parlamentario.
Desde la Casa Rosada insisten en que no pagarán un costo político por vetar leyes que comprometan el equilibrio fiscal. Sin embargo, admiten preocupación si el Senado también rechaza los decretos publicados en el Boletín Oficial, lo que implicaría una derrota institucional de mayor peso.
