La jueza federal de Nueva York, Loretta Preska, ordenó al Estado argentino transferir el 51% de las acciones clase D de YPF a Burford Capital, como parte de la ejecución del fallo por la expropiación de la petrolera en 2012. El plazo dado es de 14 días desde la emisión de la resolución. Se trata de un nuevo avance judicial en el proceso que ya lleva más de diez años y cuya condena económica asciende actualmente a más de USD 17.000 millones, incluyendo intereses.
La decisión surge tras considerar que la Argentina no hizo avances concretos para cumplir con la sentencia de 2023, cuando fue condenada por “mala praxis expropiatoria” al ignorar a los accionistas minoritarios en el proceso por el cual se nacionalizó la empresa y se pagaron USD 5.000 millones a Repsol.
Qué implica el fallo y cómo reacciona Argentina
El fallo ordena que las acciones sean depositadas en una cuenta en Bank of New York Mellon y transferidas a Burford Capital o sus designados. La jueza criticó duramente al Estado por “no hacer esfuerzos” para acatar una sentencia “no suspendida”, y remarcó que existen caminos legales para cumplirla, incluyendo autorización legislativa o negociación directa.
El presidente Javier Milei anunció la apelación a través de su cuenta de X, y calificó la resolución como “un disparate jurídico” y una “intolerable intromisión sobre nuestra soberanía”. También responsabilizó a Axel Kicillof, entonces ministro de Economía, por el diseño del esquema de expropiación original.
¿Qué puede pasar ahora?
La Argentina prepara una apelación inmediata que incluirá un pedido de “stay” (suspensión de la orden) mientras se resuelve el caso en segunda instancia. Para ello, Preska podría exigir una garantía financiera que, según analistas, podría rondar los USD 10.000 millones, una suma que el país ya había rechazado ofrecer en 2023.
Expertos señalan que, si no se logra suspender el fallo, la Argentina podría incurrir en desacato, una figura que afectaría no solo esta causa, sino también su credibilidad en los mercados internacionales. La falta de negociación con Burford también es un punto central en el conflicto, ya que ni la actual ni las anteriores gestiones buscaron acuerdos extrajudiciales.
Impacto económico y bursátil
El fallo impactó de inmediato en los mercados: las acciones de YPF cayeron hasta un 8% en Wall Street y cerraron con una baja de 5,6%. Al mismo tiempo, las acciones de Burford Capital subieron más del 20% en la Bolsa de Londres. La volatilidad alcanzó a otros papeles argentinos y títulos públicos, mientras que el dólar superó los 1.200 pesos en todos los segmentos.
Analistas financieros advierten sobre posibles consecuencias para la estrategia de expansión de YPF, en especial su proyecto de exportación de gas natural licuado (GNL) desde Río Negro, asociado a inversiones clave en Vaca Muerta.
Lo que aún está pendiente
La Cámara de Apelaciones de Nueva York deberá pronunciarse sobre el fondo de la cuestión, y se espera que el proceso judicial se extienda al menos un año más. Mientras tanto, Burford impulsa otras acciones judiciales buscando presionar al Estado argentino, incluyendo pedidos de embargo y el argumento de que YPF y el Estado son, en efecto, una misma entidad.
En paralelo, movimientos políticos en Estados Unidos podrían condicionar el futuro del negocio de litigation funding. Un proyecto del senador republicano Thom Tillis proponía gravar fuertemente la actividad de fondos como Burford, aunque recientemente fue descartado. La sentencia de Preska, también de orientación conservadora, parece alinearse con un escenario aún favorable para estos actores.
Por ahora, la Argentina enfrenta un escenario delicado: entre la posibilidad de una negociación, la obligación de acatar un fallo con graves consecuencias económicas y el riesgo de desacato judicial internacional.
