El Decreto 397/2025, publicado el 18 de junio de 2025, modifica la normativa vigente desde 1995 y flexibiliza el acceso civil a armas semiautomáticas. La nueva reglamentación habilita un «régimen de autorización especial» para que civiles puedan comprar y tener en su poder armas semiautomáticas alimentadas con cargadores removibles, similares a fusiles, carabinas o subametralladoras derivadas de uso militar y con calibres superiores al .22 LR.
La medida apunta a regular el acceso para quienes acrediten ser “legítimos usuarios” y puedan justificar “usos deportivos probados”, bajo los criterios que determine la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC). La decisión se basa, según el Gobierno, en la necesidad de corregir “distorsiones e irregularidades” en los controles vigentes.
Un contexto ya tensionado
El anuncio se da en un escenario donde ya se había reducido la edad mínima para ser legítimo usuario (de 21 a 18 años) y lanzado un trámite simplificado de tenencia en 2024. La combinación de estas medidas ha generado preocupación en organismos de seguridad y especialistas.
Según estimaciones, existen al menos 800.000 armas ilegales circulando en Argentina. La Red Argentina para el Desarme advirtió que, sin controles estrictos, una regularización masiva puede “colapsar el sistema” y agravar la situación.
Riesgos y advertencias
Expertos coinciden en que cada flexibilización aumenta las posibilidades de desvío de armas legales hacia el mercado negro o su uso indebido. Se destacan tres áreas de riesgo:
- Violencia y criminalidad: El acceso a armas se asocia con mayor probabilidad de delitos, conflictos armados y accidentes domésticos.
- Salud mental: La presencia de armas en hogares con conflictos o cuadros depresivos eleva el riesgo de suicidios y homicidios.
- Violencia de género: En casos de violencia doméstica, la existencia de armas de fuego multiplica por siete la probabilidad de femicidio.
Posturas enfrentadas
Entre quienes apoyan la medida, se esgrimen argumentos como el derecho a la legítima defensa y la existencia de un marco legal robusto en Argentina. Desde el otro extremo, se señala que un mayor acceso incrementa los riesgos colectivos, y que países con legislaciones permisivas suelen registrar tasas más altas de homicidios.
El rol de la ANMAC y los desafíos estructurales
La capacidad de la ANMAC para ejercer un control riguroso será clave. Actualmente, 479.225 usuarios tienen permisos vencidos, lo que revela falencias estructurales en el sistema de seguimiento. Además, con un mercado ilegal activo, la frontera entre lo regulado y lo clandestino es cada vez más porosa.
En definitiva, aunque la flexibilización apunta a regular un segmento específico, lo hace en un contexto de debilidad institucional y alta circulación ilegal. Sin políticas integrales que aborden las causas estructurales de la violencia, los riesgos podrían superar los beneficios esperados.
