La Procuración del Tesoro de la Nación está en el centro de una investigación por filtraciones internas relacionadas con el juicio internacional por la expropiación de YPF. Desde el Gobierno se sospecha que empleados del organismo podrían haber facilitado información reservada al fondo Burford Capital, actor clave en el litigio judicial con sede en Nueva York.
En paralelo, se confirmó la desvinculación de más de 60 trabajadores del organismo. La medida fue anunciada por la nueva conducción a cargo de Santiago Castro Videla, quien asumió como procurador del Tesoro en febrero de este año. El comunicado oficial habló de una “reestructuración institucional para eficientizar el funcionamiento y reducir el gasto público”.
Dentro de esa reconfiguración, se redujo el número de direcciones nacionales de seis a cuatro y se disolvió la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado. Las autoridades evitaron confirmar si todos los despidos están directamente vinculados con las filtraciones, pero sí señalaron que se revisa caso por caso para identificar posibles responsabilidades.
Litigio en Estados Unidos
El conflicto por YPF lleva más de una década en tribunales estadounidenses. A fines de junio, la jueza federal Loretta Preska dictó una medida que obliga a la Argentina a entregar el 51% de las acciones de la petrolera a los fondos Burford y Eton Capital. El Estado nacional apeló la decisión y consiguió una suspensión administrativa temporal, lo que da tiempo para que se tramite la instancia de revisión.
El caso se originó por supuestas irregularidades en el proceso de reestatización de YPF durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. En ese contexto, la figura de Carlos Zannini, exprocurador del Tesoro, volvió a quedar bajo la lupa judicial. Si bien no se lo menciona directamente en la causa por filtraciones, el Gobierno vinculó la desconfianza a su paso por el organismo y a funcionarios que habrían quedado de esa gestión.
Alerta sobre daño económico
Desde la Casa Rosada remarcaron que los casos judiciales gestionados por la Procuración involucran cifras millonarias y que cualquier fuga de información podría comprometer seriamente los intereses económicos del país. Por ese motivo, afirman que se actuará con “firmeza y reserva” hasta esclarecer lo sucedido.
Mientras tanto, el juicio por YPF continúa en tribunales norteamericanos y el Gobierno asegura que no hay negociaciones con los fondos demandantes. La estrategia jurídica sigue en curso, pero en el plano interno, las miradas apuntan a cerrar las grietas por donde pueda filtrarse información valiosa.
