La Casa Rosada se prepara para un nuevo fallo adverso de la jueza Loretta Preska en el juicio por la expropiación de YPF. Según pudo saberse, la sentencia podría conocerse en las próximas horas y agravaría la situación legal y financiera del país en una causa que ya lleva más de una década en los tribunales del distrito sur de Nueva York.
El Gobierno de Javier Milei responsabiliza a actores locales por el uso político del caso. Acusan a exfuncionarios, analistas, estudios jurídicos y empresas de alimentar el litigio con declaraciones y maniobras que son utilizadas por los demandantes. Particularmente apuntan contra el gobernador bonaerense Axel Kicillof, cuyas recientes declaraciones públicas fueron citadas por Burford Capital en su presentación ante la jueza.
Desde la Procuración del Tesoro, encabezada por Santiago Casto Videla, se sostiene que hay plena coordinación entre los organismos oficiales y que no existe fisura alguna en la estrategia del Estado. La consigna es evitar a toda costa cualquier tipo de negociación con Burford y continuar exclusivamente por la vía judicial.
El fallo en suspenso y el posible desacato
Preska aún debe definir si suspende la orden de entrega del 51% de las acciones estatales de YPF a Burford, medida que Argentina busca frenar para poder apelar. Las opciones van desde postergar la ejecución hasta exigir garantías por parte del Estado, y no se descarta que el proceso escale a una situación de desacato si no se cumple lo dispuesto.
La defensa argentina argumenta que la ejecución de esa orden implicaría una violación a la legislación local y una pérdida irreversible del control estatal sobre la petrolera.
Presión internacional y apoyo de EE.UU.
El Gobierno busca respaldo internacional para reforzar su posición. En noviembre de 2024, el Departamento de Justicia de EE.UU. recomendó a la jueza rechazar el pedido de Burford por considerar que violaba normas de inmunidad soberana. Actualmente se negocia una nueva intervención del Gobierno estadounidense, ahora bajo la presidencia de Donald Trump, y se evalúa solicitar apoyo formal de otros países como Uruguay y Paraguay.
La diplomacia argentina trabaja activamente para incorporar más voces extranjeras que respalden su postura en calidad de amicus curiae, aunque admiten que ninguna de estas acciones ha logrado hasta ahora frenar los avances judiciales en contra del país.
Una causa millonaria con final incierto
La causa se originó en la expropiación de YPF en 2012, bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. En 2023, la Justicia condenó a la Argentina a pagar USD 16.000 millones. La cifra, que se incrementa diariamente por intereses, ya supera los USD 17.000 millones y podría seguir creciendo si no se revierte el curso legal. La gestión actual también heredó cerca de USD 30.000 millones en pasivos judiciales acumulados.
Mientras tanto, el litigio continúa en los tribunales neoyorquinos, con el país apelando a recursos jurídicos, respaldo diplomático y una estrategia de resistencia total frente a una sentencia que amenaza con convertirse en la más costosa de la historia argentina.
