Entre junio de 2024 y mayo de 2025 se registraron 126.700 nuevos juicios laborales en todo el país, según datos oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT). Solo en mayo se notificaron 11.977, con Buenos Aires (PBA) liderando con 4.548, seguida por CABA (2.003) y Santa Fe (1.852).
El fenómeno se produce pese a una notoria mejora en los indicadores de siniestralidad laboral: se redujo en un 55 % la cantidad de accidentes, en un 81 % la mortalidad, y en un 39 % la gravedad de los siniestros. Sin embargo, la judicialización no se detiene.
La fórmula del caos: pericias infladas, intereses extremos y vacío normativo
El informe de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART) advierte que las pericias judiciales otorgan, en promedio, 12,5 puntos más de incapacidad que las realizadas en sede administrativa. A eso se suman intereses judiciales que en algunos casos llegan al 8.000 % o incluso al 20.000 %, como se evidenció en fallos recientes que luego debieron ser anulados por la Corte.
Un ejemplo concreto: una indemnización de $155.140 terminó ascendiendo a $6.944.527, 45 veces más que el monto original. La falta de implementación plena de los Cuerpos Médicos Forenses (CMF), previstos en la Ley 27.348 desde 2017, deja la puerta abierta a este tipo de distorsiones.
Quién gana y quién pierde: el círculo vicioso de los juicios inflados
- Trabajador: Recibe montos mayores debido a pericias e intereses acumulados.
- Abogado: Percibe entre el 10 % y el 20 % del resultado del juicio, incentivando montos altos.
- Perito: Cobra proporcionalmente al porcentaje de incapacidad que determina.
Mientras tanto, las PYMEs, el sistema de ART y los empleadores absorben el costo: más de $2 billones en un año, equivalentes a 6.891.653 salarios mínimos. Recursos que no se destinan a inversión, empleo o mejoras preventivas.
La voz de los profesionales de Higiene y Seguridad Laboral
Desde el ámbito técnico, la situación se evalúa con preocupación. La desconexión entre la baja accidentabilidad y la suba de litigiosidad indica un sistema desbalanceado. La sobrejudicialización desplaza recursos del foco preventivo al legal, deteriorando la cultura de seguridad interna.
Entre las medidas recomendadas se destacan:
- Implementación urgente de Cuerpos Médicos Forenses en todas las provincias.
- Regulación clara de intereses judiciales y límites al anatocismo.
- Auditorías preventivas y capacitación integral en Higiene y Seguridad.
- Transparencia en pactos de honorarios legales y periciales.
En palabras de Mara Bettiol, presidenta de UART: “No son solo estadísticas: son personas, empresas y familias protegidas por un sistema que funciona. Pero si no se frena la litigiosidad, la sustentabilidad está en riesgo”.
El desafío está sobre la mesa: recuperar el equilibrio entre protección del trabajador y previsibilidad para las empresas. Sin reformas estructurales, la industria del juicio seguirá funcionando a pleno… aunque el sistema ya esté en terapia intensiva.
