La Corte Suprema de Justicia confirmó por unanimidad la condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad. El fallo, firmado por Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti, deja firme la sentencia del Tribunal Oral Federal 2, que había responsabilizado a la exmandataria por administración fraudulenta durante su gobierno.
El expediente vuelve ahora al TOF 2, que tendrá la responsabilidad de definir el modo y lugar de cumplimiento de la pena. Por la edad de Cristina Kirchner (72 años), se evaluará si corresponde una modalidad de arresto domiciliario, aunque la defensa podría presentar pedidos formales para postergar la ejecución de la condena mientras se tramitan otras causas derivadas. Con esta decisión, la expresidenta queda excluida formalmente del proceso electoral argentino, sin posibilidad legal de postularse a cargos públicos.
La resolución representa un punto de inflexión tanto para el sistema judicial como para el panorama político. Se trata del primer fallo firme por corrupción contra una vicepresidenta electa que haya ejercido la Presidencia de la Nación, en funciones o fuera de ellas. La Corte dejó asentado que los recursos extraordinarios presentados por su defensa no alcanzaron a invalidar los hechos ni la sentencia original, y evitó pronunciarse sobre aspectos penales en profundidad, reafirmando su papel estrictamente legalista en el proceso.
El contraataque narrativo: El discurso de Cristina tras el fallo
Minutos después de conocerse el fallo, Cristina Kirchner reapareció frente a la sede del Partido Justicialista Nacional en la calle Matheu. Allí, rodeada de militantes y cámaras, lanzó un discurso con tono encendido y retórica combativa. Apuntó directamente contra los miembros de la Corte, a quienes calificó como “un triunvirato de impresentables que funge como una ficción de la Corte Suprema”. No fue una declaración menor: con esas palabras, redobló su enfrentamiento con el Poder Judicial en uno de los momentos más tensos de su carrera.
La exmandataria vinculó la decisión judicial con una supuesta persecución política organizada desde sectores de poder económico y mediático. Según su interpretación, la sentencia no responde al debido proceso legal sino a una operación para sacarla del juego democrático: “Me proscriben porque tienen miedo”, dijo entre aplausos. La apelación al “cepo al voto popular” volvió a ser el leitmotiv de su narrativa, una que mantiene activa su centralidad simbólica pese a quedar fuera de competencia electoral.
El tono fue de épica y confrontación. Cristina no sólo negó los cargos, sino que se ubicó en un lugar de víctima de un sistema judicial parcial. Sus palabras, pronunciadas desde las escalinatas del PJ, parecían pensadas no solo para su militancia, sino también para volver a galvanizar al electorado peronista desencantado o en búsqueda de un nuevo liderazgo. El acto terminó con llamados a la movilización, y promesas de que “la historia no termina con una sentencia escrita por jueces de papel”.
Reconfiguración política y dilemas en el peronismo
El impacto del fallo va mucho más allá de lo jurídico. La confirmación de la condena obliga al peronismo a redefinir su liderazgo de cara a las legislativas de 2025. Cristina Fernández de Kirchner, si bien proscripta, sigue siendo una figura gravitante dentro del movimiento, capaz de incidir en las decisiones estratégicas y en la construcción de candidaturas. Sin embargo, el espacio ahora se ve empujado a articular una nueva conducción visible y competitiva.
Con la vicepresidenta fuera del tablero, emergen nombres como Axel Kicillof, quien se mantiene como uno de los dirigentes con mayor adhesión interna, junto a otros gobernadores e intendentes que ya comienzan a mover sus fichas en busca de consolidarse. El fallo también impacta en la interna del PJ bonaerense, donde se espera una intensificación de la puja entre sectores que desean preservar la identidad kirchnerista y otros que plantean una renovación más moderada.
Por otro lado, la ratificación de la condena generó fuertes repercusiones en el Congreso, con cruces entre oficialistas y opositores. Mientras desde Juntos por el Cambio celebraron el fallo como un triunfo de la institucionalidad, desde Unión por la Patria sostuvieron que la sentencia es la consumación de un proceso de lawfare iniciado hace años. En el medio, sectores independientes del peronismo buscan capitalizar el vacío de liderazgo como una oportunidad para renovar su peso dentro del espacio nacional.
