Una compleja red de corrupción en el manejo de planes sociales en Neuquén ha generado un escándalo de proporciones, que promete tener repercusiones en diversas provincias argentinas. La justicia investiga una defraudación al Estado estimada en más de $150 millones, con una estructura que habría funcionado durante al menos tres años.
Un engranaje aceitado: chequeras, punteros y discrecionalidad
El modus operandi incluía la utilización de datos de beneficiarios reales sin su consentimiento, gestionados desde la Dirección de Planes Sociales del Ministerio de Desarrollo Social. De acuerdo con la investigación, los fondos eran redirigidos mediante una red de punteros políticos y empleados infieles, transformando un sistema de ayuda social en un mecanismo de recaudación paralela.
Las auditorías impulsadas por el gobierno de Rolando Figueroa fueron determinantes para detectar las anomalías. Se hallaron legajos incompletos, documentos ausentes y un uso arbitrario de los fondos, lo cual facilitó el accionar corrupto. Desde el Ejecutivo provincial calificaron la situación como “un desorden administrativo alarmante”.
Repercusiones políticas y el temido “efecto dominó”
El caso provocó una crisis institucional en Neuquén: exfuncionarios fueron interpelados por la Legislatura, y se conformó una comisión investigadora para determinar responsabilidades políticas. A nivel nacional, la causa encendió las alarmas. Gobernadores e intendentes han instruido auditorías internas para evitar verse envueltos en escándalos similares.
En Chaco, se reactivó el seguimiento sobre la causa “Sueños Compartidos”, mientras en Córdoba y Salta se han iniciado controles adicionales, como sistemas biométricos para verificar la identidad de los beneficiarios de planes.
Una estructura social vulnerable al clientelismo
El escándalo evidenció las fragilidades de un sistema social permeable a la manipulación política. Expertos advierten sobre la urgencia de implementar un registro único nacional de beneficiarios, digitalización de pagos y controles ciudadanos más robustos. La falta de trazabilidad y transparencia deja espacio para que la asistencia social se transforme en herramienta de control territorial.
La justicia avanza, pero la gran incógnita sigue siendo si este caso abrirá la puerta a una verdadera reforma del sistema o si, como tantas veces, el aparato político logrará encapsular el escándalo en una serie de nombres propios, sin tocar las estructuras que lo permiten.
¿Cambio de paradigma o déjà vu nacional?
La cruzada iniciada en Neuquén contra la corrupción social amenaza con replicarse en otras jurisdicciones. Mientras tanto, la sociedad argentina observa con escepticismo y expectativa. El desafío será que esta vez no se trate de un nuevo capítulo de un viejo guion.
