El fiscal Diego Luciani rechazó el pedido de prisión domiciliaria solicitado por la defensa de Cristina Fernández de Kirchner, quien pretendía cumplir su condena en el departamento ubicado en San José 1111, en la Ciudad de Buenos Aires. Con este dictamen, será ahora el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) quien deba resolver si concede o no el beneficio.
El pedido se fundamentó en la edad de la ex vicepresidenta —72 años—, su condición de ex Jefa de Estado y el intento de atentado que sufrió en 2022. Su defensa argumentó que estas condiciones ameritaban un cumplimiento de pena en su domicilio, sin tobillera electrónica y con custodia permanente.
Luciani y el fiscal Sergio Mola consideraron que no existen razones humanitarias ni jurídicas que justifiquen una medida excepcional como la prisión domiciliaria. En su dictamen señalaron que “la concesión de la prisión domiciliaria es una potestad, no una obligación”, y que debe basarse en un análisis de razonabilidad según el caso concreto.
Además, los fiscales indicaron que “la privación de la libertad en un establecimiento carcelario no supone, por sí misma, un menoscabo de la vida o la integridad de Fernández”. Subrayaron que la normativa no establece automáticamente el beneficio por razones de edad, y que no se advierten condiciones de salud extremas o humanitarias que ameriten un tratamiento diferencial.
Otro punto controvertido es la propiedad propuesta para cumplir la pena: el departamento en cuestión pertenece a la firma Los Sauces S.A., investigada por lavado de dinero en otra causa judicial. La vivienda fue adquirida mediante operaciones con CEDINES, y según la causa, no hay comprobantes del origen del dinero utilizado.
En el marco de la investigación por el caso Vialidad, ese inmueble se encuentra actualmente embargado, y se ordenó una nueva tasación, junto con otros bienes de la ex mandataria, para avanzar en el decomiso de activos por un valor estimado de 85.000 millones de pesos.
