Una multitud se concentró este martes frente al Congreso Nacional para protestar contra el veto presidencial a la ley de emergencia en discapacidad. La norma, aprobada previamente por el Congreso, contemplaba la creación de un fondo específico y un aumento en las partidas presupuestarias para sostener el funcionamiento del sector. El presidente Javier Milei la vetó bajo el argumento de su elevado costo fiscal, estimado en $6 billones entre 2025 y 2026.
“No es austeridad, es abandono”
La movilización fue convocada por el Foro Permanente por la Promoción y la Defensa de las Personas con Discapacidad, y reunió a familias, terapeutas, transportistas, trabajadores de centros de día y talleres protegidos, entre otros actores del sector. La consigna fue clara: “El veto no recorta gastos, recorta derechos”.
Durante la concentración se leyeron comunicados y se levantaron pancartas con consignas como: “El Estado nos dio la espalda”, “Vetaron derechos, no fondos” y “Vetar la ley es abandonar a las personas con discapacidad”. En un gesto simbólico, instalaron una silla de ruedas inflable como emblema de la protesta.
“Un veto total no es austeridad: es abandono. Es elegir excluir”, expresó el documento leído por los organizadores. Señalaron que el sector atraviesa una crisis estructural, con aranceles congelados, cierres de instituciones, y profesionales que abandonan la actividad por falta de recursos. Muchos trabajadores perciben ingresos que no cubren los costos mínimos de subsistencia.
Tensión con Gendarmería y fuerte respaldo ciudadano
Uno de los momentos más críticos se vivió pasado el mediodía, cuando efectivos de Gendarmería Nacional intentaron despejar la avenida Entre Ríos. Hubo empujones y forcejeos con los manifestantes, entre ellos padres de niños con discapacidad. Finalmente, se ordenó no avanzar con el desalojo y los agentes se limitaron a contener la movilización.
La actriz Valentina Bassi, madre de un joven con autismo, fue una de las voces más resonantes de la jornada. “Vetar la ley es abandono y crueldad. El plan es ahogar al sector”, denunció. Relató cómo los servicios esenciales que recibe su hijo se ven amenazados por la falta de fondos y el éxodo de profesionales.
En tanto, Román, de 39 años, con discapacidad motora, asistió a la protesta junto a su familia. Su padre, Héctor Stavsky, advirtió que el centro de día al que concurre está por cerrar. La situación se repite en múltiples instituciones que denuncian la desfinanciación sistemática del sistema de apoyos.
El reclamo llega al Congreso (y al mundo)
Desde Casaie (Cámara Argentina de Servicios de Apoyo a la Inclusión Educativa), advirtieron que el veto presidencial “niega la emergencia estructural del sector y profundiza la exclusión”. Pidieron que el Congreso insista con la norma, sin modificarla ni postergarla.
El reclamo también tuvo eco internacional. El diario español El País publicó: “El veto de Milei amenaza la atención a las personas con discapacidad”, señalando que podría vulnerar el acceso a servicios esenciales e inclusión social.
“Venimos a pedir que se dignifiquen los derechos de las personas con discapacidad y que tengamos aranceles acordes a la atención que se brinda, porque es la única forma de que los centros no cierren y los servicios no se corten”, expresó Elizabeth Foschi, referente de Casaie.
El Congreso, mientras tanto, tiene en sus manos la posibilidad de insistir con la ley vetada. Pero necesita una mayoría de dos tercios para lograrlo. La presión social ya se hizo sentir en la calle. Ahora, la decisión es política.
