El Bloque Rural Patagónico expresó su “enérgico repudio” tras la publicación de la Resolución 460/2025 del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), que flexibiliza el ingreso de carnes y animales reproductores desde zonas con vacunación contra la fiebre aftosa hacia la Patagonia, históricamente libre de la enfermedad sin necesidad de vacunación.
Impacto internacional inmediato
La medida provocó la suspensión temporal de importaciones por parte de Chile y un anuncio de revisión por parte de la Unión Europea sobre el estatus sanitario de la región. Ambos mercados exigen estrictos estándares, que ahora se ven cuestionados por la modificación de la normativa.
La barrera sanitaria, que divide al país entre zonas con y sin vacunación, fue clave para el desarrollo de la ganadería en el sur argentino. Desde su implementación, la región construyó un ecosistema productivo que incluye más de 50 cabañas ganaderas, aumento de cultivos forrajeros y la consolidación de cadenas de valor en provincias como Río Negro y Chubut.
Una resolución controvertida
La Resolución 460, publicada el 27 de junio por el Senasa, autoriza “el ingreso de material reproductivo, carnes y productos cárnicos de animales susceptibles a la Fiebre Aftosa” desde zonas con vacunación hacia las zonas sin vacunación, en línea con una actualización del Código Terrestre internacional.
No obstante, productores patagónicos aseguran que el Gobierno nacional se había comprometido a no avanzar con esta medida sin antes asegurar que no se afectarían los mercados internacionales.
Denuncias de engaño y pérdida de mercados
“Nos mintieron”, sostuvo Daniel Lavayen, de la Federación de Sociedades Rurales de Río Negro. Estimó que la medida pone en peligro exportaciones por al menos 2.500 toneladas de carne ovina y 100 toneladas de carne vacuna, además del acceso al exigente mercado japonés, que sólo compra productos provenientes de zonas libres sin vacunación.
“La flexibilización significa en la práctica la pérdida del estatus sanitario rigurosamente conservado durante más de 20 años”, señalaron los productores, quienes también alertaron por el impacto ambiental y sobre la fauna regional.
La polémica resolución se suma a una serie de tensiones entre el Gobierno nacional y las economías regionales, en un contexto donde las decisiones sanitarias tienen consecuencias directas sobre el comercio exterior, la producción y el entramado económico patagónico.
