El Gobierno nacional oficializó un acuerdo de préstamo por US$300 millones con el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), destinados a fortalecer la Tarjeta Alimentar. La medida incluye una ampliación del beneficio: ahora también alcanza a adolescentes de hasta 17 años.
Objetivo y alcance del préstamo
El financiamiento forma parte del “Programa de Apoyo a la Prestación Alimentar” y será utilizado en dos líneas:
- Prestaciones directas de la Tarjeta Alimentar, con cobertura extendida a jóvenes de 15 a 17 años.
- Apoyo operativo y logístico para garantizar la distribución y gestión del programa.
Actualmente, el programa asiste a más de 4 millones de niños, niñas y adolescentes.
Condiciones financieras del crédito
- Monto: US$300 millones.
- Plazo: 15 años.
- Período de gracia: 36 meses.
- Tasa: más favorable que financiamiento voluntario de mercado.
Se suma a un crédito previo de US$400 millones acordado en marzo de 2024, también para sostener el Plan Alimentar.
Montos vigentes de la Tarjeta Alimentar
| Beneficiario | Monto mensual |
|---|---|
| Un hijo o embarazo | $52.250 |
| Dos hijos | $81.936 |
| Tres o más hijos | $108.062 |
Contexto y relevancia
El préstamo llega en un momento de inflación persistente, y el Gobierno apunta a preservar el poder de compra de las prestaciones, alineándose con los compromisos frente al FMI, que exigen que la Tarjeta Alimentar cubra al menos el 95 % del valor de la Canasta Básica Alimentaria (CBA).
Desde la CAF, se calificó al organismo como “aliado estratégico” en políticas sociales. Economistas coinciden en que la medida refuerza la red asistencial, pero advierten que depender de financiamiento externo eleva la vulnerabilidad fiscal.
Desafíos por delante
- Monitorear la efectividad del programa con la extensión etaria y condiciones inflacionarias.
- Evaluar el impacto fiscal del endeudamiento a largo plazo.
- Verificar si la prestación logra cubrir el 95 % de la CBA, según el acuerdo con el FMI.
La ampliación de la Tarjeta Alimentar busca reforzar la seguridad alimentaria en adolescentes, garantizar amplitud de cobertura y mantener el poder adquisitivo de la prestación en un contexto de presión inflacionaria.
