La investigación por uno de los casos más enigmáticos del país ha dado un giro significativo. La Cámara Federal de la provincia de Salta resolvió este lunes revocar el sobreseimiento de Héctor David Romero, el camionero que figuraba como único imputado en la causa por la desaparición de María Cash y quien fue la última persona en verla con vida.
La decisión judicial establece que la pesquisa debe continuar activa hasta que se agoten absolutamente todas las medidas probatorias disponibles. El objetivo es esclarecer la hipótesis acusatoria que sostiene la Fiscalía, frenando así lo que se perfilaba como el cierre definitivo del expediente. A 14 años de aquel 8 de julio de 2011, fecha en la que se perdió el rastro de la joven diseñadora, este fallo representa un revés procesal para la defensa y una nueva instancia de búsqueda de la verdad.
Un cierre considerado prematuro
Los camaristas fueron contundentes al advertir que la resolución tomada en primera instancia no cumplía con los requisitos necesarios para dictar un sobreseimiento definitivo. El argumento central es que, en la etapa actual del proceso, no rige de manera plena el principio de la duda a favor del imputado (in dubio pro reo). En este sentido, señalaron que la participación de Romero no puede ser descartada de forma categórica dado el cuadro probatorio actual, el cual todavía presenta «inconsistencias y puntos sin esclarecer».
El fallo remarcó la importancia de no analizar la evidencia de forma aislada. Según el tribunal, existen indicios relevantes vinculados tanto a la conducta del acusado como a hechos posteriores a la desaparición y a su entorno, los cuales mantienen vigente la hipótesis de autoría impulsada tanto por la fiscalía como por la querella. Para los jueces, hablar de un cierre en este contexto resultaba un final «temprano» para una investigación con aristas pendientes.
Medidas pendientes y continuidad del juzgado
Como consecuencia de esta revocación, la Cámara ordenó profundizar los peritajes y realizar las diligencias que aún quedan pendientes. Estas medidas son consideradas clave para reconstruir lo ocurrido y permitirán evaluar con mayor precisión la acusación antes de que se adopte cualquier resolución definitiva sobre la libertad o responsabilidad de Romero.
Asimismo, el tribunal rechazó el pedido de las partes para apartar al Juzgado Federal N° 2 de Salta. De esta manera, la causa seguirá a cargo de la jueza Mariela Giménez, al considerar los camaristas que no existen motivos objetivos que justifiquen su desplazamiento. Así, la magistrada continuará al frente de un expediente que vuelve a cobrar vida, intentando arrojar luz sobre un misterio que lleva casi una década y media sin respuestas.
