La Inspección General de Justicia (IGJ), bajo la dirección de Daniel Vítolo, ha solicitado formalmente la designación de veedores en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). La medida surge tras la detección de «gravedad de las irregularidades» y la persistente negativa de la entidad que preside Claudio «Chiqui» Tapia a presentar la documentación contable requerida por el organismo de control.
Investigación de activos y relaciones comerciales
El pedido de la IGJ se fundamenta en la necesidad de garantizar el cumplimiento de la ley, una obligación común a todas las asociaciones civiles. La auditoría informativa propuesta se centra en tres ejes críticos: el análisis de los estados contables cerrados al 30 de junio de 2025, la revisión integral del proceso de creación de la Universidad de la AFA (UNAFA) y el escrutinio de los vínculos comerciales con empresas comercializadoras de derechos.
Específicamente, los veedores buscarán «auditar e informar respecto de toda la relación comercial y financiera» con firmas como TourProdEnter LLC y el Grupo Sur Finanzas. Según el requerimiento, la verificación debe incluir un análisis detallado de los montos percibidos por estas entidades y las remesas de dinero enviadas o recibidas por la AFA en el exterior. Vítolo fue tajante al respecto: «el ente rector del fútbol argentino no explica las cifras globales de sus balances desde hace más de ocho años, por lo que se desconoce el origen y destino cierto de los millones de dólares».
El rol del Ministerio de Justicia
Pese a la insistencia de la IGJ, la ejecución de la medida se encuentra actualmente paralizada en el Ministerio de Justicia. El titular de la cartera, Mariano Cúneo Libarona, no ha dado curso al trámite, lo que ha generado diversas especulaciones en el ámbito político y deportivo. Fuentes cercanas al Gobierno sugieren que la reticencia del ministro podría vincularse a su inminente salida del gabinete o a sus vínculos históricos con el fútbol profesional, particularmente en Racing Club.
Desde la IGJ se aclaró que la medida no constituye una intervención directa, sino una veeduría de carácter informativo para recabar los datos que la AFA le ha negado a la justicia ordinaria. No obstante, el avance de esta auditoría sobre la gestión de Tapia y el tesorero Pablo Toviggino sigue dependiendo de una decisión política que, por el momento, permanece en suspenso dentro de la Casa Rosada.
<p>La Inspección General de Justicia (IGJ) solicitó al Ministerio de Justicia la designación de veedores en la AFA para auditar sus estados contables y relaciones comerciales tras detectar graves irregularidades. La medida busca revisar el origen y destino de fondos millonarios, el proceso de creación de la Universidad de la AFA y contratos con firmas financieras, aunque la decisión final depende de un Ministerio en etapa de definiciones.</p>
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Si hay algo que el fútbol argentino maneja mejor que la presión en un cuarto de final, es el arte de la contabilidad creativa y el misterio documental. La Inspección General de Justicia, bajo la conducción de Daniel Vítolo, finalmente se cansó de pedir los papeles por las buenas y solicitó formalmente el desembarco de veedores en la calle Viamonte. El objetivo es simple, pero a la vez parece una misión de ciencia ficción: entender qué hace la AFA de Claudio «Chiqui» Tapia con los millones de dólares que entran y salen como si la tesorería fuera una puerta giratoria de un hotel en plena temporada. Según Vítolo, la entidad lleva ocho años explicando sus balances con la misma claridad que un árbitro del ascenso justificando un penal a los 50 minutos del segundo tiempo.
La movida apunta directo al corazón del poder que comparten Tapia y su ladero incondicional, Pablo Toviggino, poniendo la lupa sobre relaciones comerciales que suenan más a nombres de boliches de moda que a firmas financieras, como TourProdEnter y el Grupo Sur Finanzas. El problema es que, como en todo buen culebrón nacional, la pelota ahora la tiene el Ministerio de Justicia. Mariano Cúneo Libarona, el hombre que debe firmar el pase de los veedores, parece estar jugando al «pinto la pared» mientras los rumores de su salida de la Casa Rosada suenan más fuerte que la hinchada de un equipo grande. Entre su pasado como candidato en Racing y sus vínculos históricos con dirigentes salpicados por denuncias, el ministro se encuentra en esa posición incómoda del defensor que no sabe si salir a cortar o esperar el centro, mientras la IGJ le grita que se le escapa la marca.
Lo más fascinante de esta «veeduría informativa» —término elegante para no decir «intervención» y que la FIFA no nos mande al exilio futbolístico— es que busca auditar hasta la creación de la Universidad de la AFA (UNAFA). Porque claro, lo que le faltaba a nuestro fútbol era una institución educativa propia, probablemente con cátedras magistrales sobre «Interpretación subjetiva del VAR» o «Logística avanzada de asados institucionales». Mientras Vítolo insiste en que solo quiere ver los números, en el Gobierno algunos prefieren mirar para otro lado, temiendo que, si abren la caja de Pandora de la AFA, se encuentren con que los millones de dólares se convirtieron en papelitos de colores o, peor aún, en una deuda que ni el FMI se animaría a refinanciar.
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