La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) informó una actualización del Nomenclador de Discapacidad que establece un incremento de entre 29% y 35% en los valores que se pagan a los prestadores de servicios a personas con discapacidad. La medida se aplicará en tres tramos sucesivos entre octubre y diciembre de 2025.
Qué es el Nomenclador y por qué importa
El Nomenclador Nacional de Prestaciones Básicas es el instrumento que fija los valores que el Estado abona a los profesionales y centros que brindan servicios esenciales a personas con discapacidad. Incluye prestaciones como rehabilitación, transporte, internación, apoyo educativo y acompañamiento terapéutico.
Un ajuste en el nomenclador no solo significa una mejora económica para los prestadores, sino también una garantía de continuidad en los tratamientos, evitando que la falta de actualización desfinancie los servicios y afecte directamente a los usuarios.
Detalles del aumento
Según informó ANDIS, el aumento se concretará en tres etapas: octubre, noviembre y diciembre de 2025, alcanzando un total de entre 29% y 35% de incremento acumulado, dependiendo del tipo de prestación.
La decisión se formalizó mediante una decisión administrativa del Jefe de Gabinete, en el marco de una política orientada a “normalizar y dotar de previsibilidad al sistema de atención de discapacidad”.
Impacto en prestadores y usuarios
Con esta actualización, se verán beneficiados los profesionales, instituciones y centros que trabajan en la atención diaria de personas con discapacidad: médicos, terapistas, transportistas y acompañantes. El objetivo oficial es que los valores se mantengan por encima de la inflación proyectada para 2025, preservando la sustentabilidad del sistema.
Al mismo tiempo, las familias y usuarios se verán favorecidos indirectamente, ya que se busca asegurar la continuidad y calidad de los servicios frente a la suba de costos que afectaba a muchos prestadores del sector.
La visión del Gobierno
Desde la ANDIS explicaron que esta medida forma parte de un proceso de ordenamiento integral del sistema de discapacidad. “No se trata solo de un aumento, sino de recuperar la previsibilidad y reconocer el esfuerzo de quienes sostienen la atención en todo el país”, señalaron fuentes oficiales.
El Gobierno sostiene que el fortalecimiento de este sistema implica no solo reconocer el trabajo de los profesionales, sino también “garantizar que las personas con discapacidad reciban servicios de calidad, sin interrupciones ni demoras por razones económicas”.
Con este ajuste, el Estado busca enviar una señal de estabilidad a un sector históricamente tensionado por demoras en pagos y actualizaciones. Si bien el desafío de fondo continúa, el anuncio representa un paso hacia una gestión más ordenada y sostenible.
