Ante la «amenaza» de un nuevo recorte de la planta estatal que analiza llevar adelante el gobierno de Javier Milei, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) analiza adelantar el paro anunciado. Inicialmente, estaba previsto que la medida de fuerza se llevara a cabo el día que comenzara el tratamiento de la reforma laboral en el Congreso, aunque el gremio de estatales podría adelantar el paro ante la amenaza de despidos.
El titular de ATE apuntó contra Sturzenegger y remarcó que «el sector público no resiste más ajustes»
En este marco, el secretario general del gremio Rodolfo Aguiar apuntó contra el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger y lo calificó de “siniestro” porque “viene por los trabajadores”.
“Tiene que saber que los estatales también vamos por él. El sector público no resiste más ajustes. No vamos a tolerar ningún despido y exigimos la renovación automática de la totalidad de los vínculos que vencen el 31 de diciembre”, afirmó el gremialista.
En la misma línea, sostuvo que el Gobierno Nacional “miente” porque “nunca se trató de una cuestión presupuestaria”, sino de una postura “ideológica”: “Los trabajadores contratados en la administración pública representan menos del 0,5% del presupuesto y la deuda externa se ubica por encima del 25%”, agregó.
Por último, Aguiar enfatizó que “está más que claro” que Milei que no quiere destruir el Estado sino que pretende “moldearlo” para que sólo se aseguren “los intereses de los grandes grupos económicos nacionales y transnacionales” que tienen vinculaciones con Argentina.
“Para garantizar esa tarea, y como si quedara alguna duda, la máxima autoridad laboral está en manos del equipo jurídico de Techint”,Según señalaron desde ATE, se trataría de un 10% del total de la planta, es decir, «aproximadamente 28.000 despidos” previstos para antes del 31 de diciembre de trabajadores de organismos descentralizados del Estado. Entre ellos, están la Oficina Anticorrupción, el Indec, el Conicet, la Coneau, el ARCA, el Archivo General de la Nación, la Anses, la Conadis, el Enargas, el Enre, el Inta, el Inti y el Enacom.
Objetivo: advertir y revertir
La posible decisión de adelantar el paro pone en evidencia la intención del gremio de generar un impacto temprano, antes de que el ajuste se concrete. El reclamo central pasa por asegurar la continuidad laboral de quienes finalizan contratos el 31 de diciembre y denunciar lo que consideran un ajuste “ideológico”.
Un planteo con cifras y crítica al discurso oficial
Desde ATE cuestionan que el argumento del Gobierno sobre derechos laborales se apoye supuestamente en limitaciones presupuestarias, cuando los estatales representan menos del 0,5 % del presupuesto estatal, mientras la deuda externa trepa por encima del 25 %. Esta comparación se utiliza para poner en tela de juicio la dimensión real de los recortes planificados.
Alcance del impacto esperado
Los despidos afectarían —según los cálculos sindicales— a unos 28.000 trabajadores distribuidos en varios organismos públicos descentralizados, lo que convierte la posible medida en uno de los ajustes más amplios a la planta estatal desde el inicio de la actual administración.
Presión desde el gremio y posible medida de fuerza anticipada
El peso del reclamo recae sobre la expectativa de un paro adelantado, cuya convocatoria original estaba vinculada al tratamiento de la reforma laboral. De concretarse, la huelga serviría como señal de rechazo al modelo de recortes estructurales y defensa del empleo público.
¿Una pulseada en plena transición?
La movilización prevista no sólo reviste carácter laboral, sino también simbólico: se posiciona como una resistencia explícita ante una reconfiguración del Estado que muchos ven como profunda. Bajo esa premisa, ATE busca parar el reloj antes de que empiece la limpieza.
Conclusión del conflicto latente
En ese contexto, la definición del calendario de la protesta anticipada —y su alcance— estará condicionada a las decisiones que adopte el Gobierno sobre la renovación de contratos y la planta estatal. Mientras tanto, la sensación de alerta se instaló entre los trabajadores, ante la posibilidad de un ajuste a gran escala que podría reconfigurar el empleo público en los próximos días.
