El Gobierno nacional promulgó la Ley 27.797, conocida como Ley Nicolás, sancionada por el Congreso en septiembre. Su objetivo central es establecer un marco jurídico e institucional que garantice el derecho a una asistencia sanitaria segura, de calidad y centrada en el paciente.
Una ley con nombre y memoria
La normativa lleva el nombre de Nicolás Deanna, un joven que falleció en 2017 tras un diagnóstico erróneo de meningitis bacteriana. Su caso inspiró a familiares, organizaciones y legisladores a impulsar una ley que evite que tragedias similares se repitan en el sistema de salud argentino.
Ejes centrales de la Ley Nicolás
La nueva legislación promueve una atención médica basada en protocolos, incorporación tecnológica, mejora de las condiciones laborales en salud y reducción de daños evitables. Entre sus conceptos clave se destaca el de «cultura justa», que impulsa un enfoque no punitivo frente a errores médicos, para promover el aprendizaje y la prevención.
Creación del RUDEC
Una de las herramientas más importantes que introduce la ley es el Registro Unificado de Eventos Centinela (RUDEC), que se integrará al Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA).
Este registro tendrá como función recopilar y analizar los eventos adversos e incidentes de seguridad en instituciones de salud, con confidencialidad garantizada. La información recabada será usada para publicar informes anuales y así mejorar prácticas médicas en todo el país.
Controles profesionales reforzados
La ley también establece que toda sanción o inhabilitación aplicada a un profesional de la salud deberá ser informada a la Red Federal de Registros de Profesionales de la Salud (REFEPS). Esto permitirá que una medida adoptada en una provincia tenga validez nacional, evitando que un médico suspendido siga ejerciendo en otra jurisdicción.
Con estas herramientas, la Ley Nicolás apunta a fortalecer la confianza en el sistema de salud, garantizando mayor seguridad para pacientes y mayor responsabilidad institucional en la atención médica.
El Gobierno nacional promulgó la Ley 27.797, conocida como Ley Nicolás, que establece un marco jurídico para garantizar una atención médica segura, centrada en el paciente y basada en protocolos claros. La norma crea un registro nacional de eventos adversos, promueve la cultura justa en salud y refuerza controles sobre profesionales del sector.
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Contenido humorístico generado por inteligencia artificial
El Gobierno nacional promulgó la Ley 27.797, conocida como Ley Nicolás, sancionada por el Congreso en septiembre. Su objetivo central es establecer un marco jurídico e institucional que garantice el derecho a una asistencia sanitaria segura, de calidad y centrada en el paciente.
Una ley con nombre y memoria
La normativa lleva el nombre de Nicolás Deanna, un joven que falleció en 2017 tras un diagnóstico erróneo de meningitis bacteriana. Su caso inspiró a familiares, organizaciones y legisladores a impulsar una ley que evite que tragedias similares se repitan en el sistema de salud argentino.
Ejes centrales de la Ley Nicolás
La nueva legislación promueve una atención médica basada en protocolos, incorporación tecnológica, mejora de las condiciones laborales en salud y reducción de daños evitables. Entre sus conceptos clave se destaca el de «cultura justa», que impulsa un enfoque no punitivo frente a errores médicos, para promover el aprendizaje y la prevención.
Creación del RUDEC
Una de las herramientas más importantes que introduce la ley es el Registro Unificado de Eventos Centinela (RUDEC), que se integrará al Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA).
Este registro tendrá como función recopilar y analizar los eventos adversos e incidentes de seguridad en instituciones de salud, con confidencialidad garantizada. La información recabada será usada para publicar informes anuales y así mejorar prácticas médicas en todo el país.
Controles profesionales reforzados
La ley también establece que toda sanción o inhabilitación aplicada a un profesional de la salud deberá ser informada a la Red Federal de Registros de Profesionales de la Salud (REFEPS). Esto permitirá que una medida adoptada en una provincia tenga validez nacional, evitando que un médico suspendido siga ejerciendo en otra jurisdicción.
Con estas herramientas, la Ley Nicolás apunta a fortalecer la confianza en el sistema de salud, garantizando mayor seguridad para pacientes y mayor responsabilidad institucional en la atención médica.