La Justicia Federal puso bajo análisis la situación de María Soledad Calle, dirigente sindical vinculada a La Cámpora en Campana y a la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), en el marco de una investigación por presuntas irregularidades en la administración de fondos sindicales.
En paralelo, tomó relevancia la adquisición por parte de Calle de un departamento ubicado en el primer piso del edificio de San José 1111, en la Ciudad de Buenos Aires, inmediatamente debajo de la residencia de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
La operación inmobiliaria quedó asociada públicamente a una causa impulsada por el juez federal Julián Ercolini, quien investiga una presunta administración fraudulenta y el posible desvío de fondos pertenecientes al gremio metalúrgico.
La compra del departamento de San José 1111
La operación fue registrada el 20 de agosto del año pasado, dos meses después de que el Tribunal Oral Federal Nº 2 concediera la prisión domiciliaria a Cristina Fernández de Kirchner.
La unidad se encuentra en el primer piso del inmueble y está ubicada inmediatamente debajo de la vivienda ocupada por la expresidenta.
De acuerdo con versiones vinculadas con las negociaciones previas al boleto de compraventa, Calle habría señalado que el inmueble sería utilizado como sede central de una fundación.
Sin embargo, personas relacionadas con la tramitación y vecinos del consorcio manifestaron dudas acerca del destino efectivo de la propiedad. Según esas versiones, ante consultas realizadas en el lugar no se habría constatado una presencia habitual de Calle ni de ocupantes. Esos señalamientos no constituyen por sí mismos una determinación judicial sobre el uso del inmueble.
La investigación sobre fondos de la UOM
Calle desarrolló actividades en distintos ámbitos de la administración pública bonaerense. Se desempeñó en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, integró la Dirección General de Cultura y Educación provincial y presidió el bloque de La Cámpora en el Concejo Deliberante de Campana.
En diciembre de 2022, constituyó la sociedad USEM S.A. junto a Adalberto Raúl Braconi. Dos meses después, la conducción de la UOM, encabezada por Abel Furlán, resolvió otorgar a esa empresa la gestión de la recaudación correspondiente al 80% de los aportes de aproximadamente 200.000 afiliados metalúrgicos.
El convenio, previsto hasta 2033, habilitaba a USEM S.A. a administrar fondos provenientes de la cuota sindical, abrir cuentas bancarias a nombre del gremio y efectuar pagos directos.
Como contraprestación, la sociedad recibiría una comisión equivalente al 0,5% de la recaudación total. Según estimaciones incorporadas a la investigación, la operatoria habría generado ingresos cercanos a los 100 millones de pesos mensuales.
La causa se inició a partir de una denuncia de la Fundación para la Paz y el Cambio Climático. Ercolini investiga a Calle y a Abel Furlán por presunta administración fraudulenta, fraude en perjuicio de la administración y asociación ilícita.
Las imputaciones y sospechas mencionadas forman parte de una investigación judicial en curso y no implican una determinación de culpabilidad.
Los vínculos sindicales bajo análisis
Dentro del expediente también son objeto de análisis los vínculos de Calle con la estructura de la UOM. Registros oficiales consignan su participación en representación sindical ante organismos internacionales, mientras que la dirigente negó públicamente desempeñarse como empleada en relación de dependencia del gremio.
La investigación deberá establecer si existieron irregularidades en el esquema de administración de los fondos sindicales y cuál fue, en caso de corresponder, la responsabilidad de las personas involucradas.
En ese contexto, la adquisición de la propiedad en el mismo edificio donde reside Cristina Fernández de Kirchner agregó repercusión política al expediente, aunque la relevancia jurídica de esa operación deberá ser determinada por la Justicia Federal.
