El Senado de la Nación inició este jueves 2 de octubre una sesión clave para el Gobierno nacional, destinada a rechazar los vetos presidenciales del presidente Javier Milei a dos leyes: una que garantiza el financiamiento del Hospital Garrahan bajo emergencia pediátrica, y otra que refuerza los presupuestos de las universidades públicas.
La sesión comenzó a las 10.25 bajo la presidencia de Victoria Villarruel, con la oposición logrando el quórum necesario para avanzar en el tratamiento. El oficialismo, liderado en el recinto por Ezequiel Atauche, intentó contener el temario, pero no logró evitar el avance opositor impulsado, entre otros, por el senador Martín Lousteau.
Durante los debates, Daniel Bensusán calificó de “estafa” la reciente suspensión de retenciones agroexportadoras, acusando al gobierno de favorecer a grandes exportadores en detrimento de la mayoría de los productores. También cuestionó al ministro Luis Caputo y a Milei por «un negociado anunciado de antemano».
Lousteau, por su parte, planteó una comparación contundente: “El Gobierno gastó USD 1.500 millones para adelantar exportaciones. ¿Saben cuántos años de salario médico en el Garrahan equivale eso? 156 años”.
Además, se anotaron ocho senadores para presentar cuestiones de privilegio, en una sesión donde también se trataron otros temas, como la prórroga del mandato de una vocal judicial y acuerdos internacionales.
La senadora Silvia Sapag expresó sus dudas sobre la aplicación efectiva de las leyes, incluso si se aprueban: “Si Milei no las vuelve a vetar, o no inventa una trapisonda legal para evitar reglamentarlas”. También aseguró que “el presidente no es el que gobierna” y que los verdaderos hilos del poder “no están a la vista”.
En paralelo, el bloque de Unión por la Patria se reunió con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para escuchar la situación crítica de las 57 universidades nacionales y fortalecer el respaldo político a la ley vetada.
El resultado legislativo, anticipado como una derrota inevitable para el oficialismo, obliga al Ejecutivo a promulgar las leyes. Así, el rechazo al veto se suma a una lista creciente de retrocesos parlamentarios que complican el ya desgastado frente político del Gobierno.
