En una decisión que sacudió los cimientos del Palacio de Hacienda, el ministro de Economía, Luis Caputo, desplazó de su cargo al secretario de Transporte, Luis Pierrini. La medida se produjo tras la difusión de una denuncia penal por presunta corrupción vinculada a una estafa millonaria con los fondos de la tarjeta SUBE, cuyo perjuicio al erario público se calcula en 30.000 millones de pesos. La maniobra consistía en la alteración de datos técnicos del sistema de pago electrónico para inflar la percepción de subsidios estatales.
Acorralado por la gravedad de las acusaciones, el funcionario de origen mendocino no realizó mayores esfuerzos por justificar su alejamiento y argumentó «motivos personales» para presentar su renuncia. Sin embargo, fuentes gubernamentales confirman que el ministro Caputo exigió su salida inmediata al revelarse una supuesta estafa de la empresa de colectivos La Nueva Metropol, perteneciente a la familia Zbikoski. Según la investigación, esta firma habría causado un perjuicio al Tesoro nacional de 3.000 millones de pesos mensuales durante la gestión de Pierrini.
El trasfondo de la maniobra y el control aerocomercial
La denuncia que originó el desplazamiento fue presentada por la Asociación Arco (Arco Social). El integrante de dicha organización, Alejandro Sebastián Díaz Pascual, explicó que la maniobra consistía en «realizar un corrimiento artificial de validaciones desde tramos cortos a tramos largos en el sistema de la tarjeta SUBE». Este procedimiento permitía un incremento exponencial en los montos de los subsidios percibidos por determinadas empresas, «sin correlato real en pasajeros ni en kilómetros recorridos», según sostiene la presentación judicial.
El ministro Caputo contó con el aval de Karina Milei para ejecutar el despido de Pierrini. Tras esta intervención, el titular de Economía buscaría avanzar sobre el control total del área aerocomercial. En los despachos oficiales se comenta que la pasividad del Gobierno ante «el desastre de la empresa Flybondi», dirigida por Leonardo Scaturicce, se ha vuelto «insostenible» para la administración nacional.
Designación del sucesor y vínculos empresarios
Luis Pierrini había llegado a la estructura del Estado de la mano del ex titular de ARCA, Juan Pazo, con quien compartía antecedentes en el sector privado de los seguros. Antes de su paso por la función pública, Pierrini se desempeñaba como presidente de Triunfo Seguros, una compañía con fuerte presencia en la región cuyana.
Para cubrir la vacante, el Gobierno designó al arquitecto Fernando Herrmann. El nuevo secretario proviene exclusivamente de la actividad privada y carece de experiencia previa en el sector del transporte, una característica que comparte con su antecesor. La situación ha generado tensiones adicionales en el sector empresarial: mientras La Nueva Metropol desmintió las acusaciones, sus directivos señalaron al Grupo Dota —controlador del 50% de las unidades del AMBA— de ser el principal instigador de la denuncia penal.
Finalmente, desde Arco Social remarcaron que existieron «advertencias técnicas formales» desde diciembre de 2025 sobre estas irregularidades, pero las autoridades competentes, especialmente en el Ministerio de Economía, habrían incurrido en una «responsabilidad por omisión funcional» al no adoptar medidas de auditoría efectivas en su momento.
<p>El ministro de Economía, Luis Caputo, dispuso el cese en sus funciones del secretario de Transporte, Luis Pierrini, tras revelarse una presunta estafa millonaria con los subsidios de la tarjeta SUBE. El perjuicio al Estado nacional se estima en 30.000 millones de pesos a través de la adulteración de datos técnicos. Pierrini será reemplazado por el arquitecto Fernando Herrmann, en medio de una fuerte disputa entre cámaras empresarias.</p>
Resumen generado automáticamente por inteligencia artificial
Bienvenidos a una nueva edición de «Crónicas de la Transparencia Creativa», el programa donde los funcionarios públicos demuestran que el único transporte que funciona con precisión suiza en la República es el de los fondos estatales hacia cuentas particulares. Esta semana, el ministro Luis Caputo, con el aval místico de la Secretaría General de la Presidencia, decidió que Luis Pierrini ya había cumplido su cuota de «creatividad» en la Secretaría de Transporte. Resulta que en el fascinante mundo de la tarjeta SUBE, las leyes de la física son opcionales: gracias a una maniobra técnica digna de una película de Christopher Nolan, los colectivos lograban recorrer distancias astronómicas sin siquiera encender el motor, permitiendo que las empresas cobraran subsidios por viajes que solo existieron en el plano espiritual de los servidores informáticos.
Pierrini, quien arribó al cargo con el prestigio de presidir una aseguradora en la región de Cuyo, parece haber confundido la gestión pública con una póliza de «todo riesgo» para sus allegados. Su salida por «motivos personales» es el eufemismo clásico de la política nacional para evitar decir «mi abogado me recomendó el silencio absoluto». El perjuicio de 30.000 millones de pesos es una cifra que para el ciudadano común representa varias vidas de trabajo, pero que para la casta del transporte automotor es apenas un error de redondeo en una planilla de Excel. Mientras tanto, el sector aerocomercial observa con pánico cómo el Ministerio de Economía ahora busca extender sus tentáculos sobre Flybondi, una aerolínea que ha convertido la incertidumbre del despegue en su principal propuesta de valor.
Para solucionar este desmadre logístico, el Gobierno ha recurrido a una solución muy argentina: nombrar a un arquitecto. Porque, lógicamente, cuando el sistema de transporte está colapsado por una estafa sistémica, lo que se necesita no es un experto en movilidad, sino alguien capaz de diseñar una fachada lo suficientemente elegante para que los próximos 3.000 millones de pesos mensuales desaparezcan con un poco más de estilo. Entre empresarios que se acusan mutuamente de incentivar denuncias y boletos que se estiran como chicles para cobrar plus de subsidios, lo único que queda claro es que en este país el único que no viaja gratis es el contribuyente, que sigue pagando el boleto más caro del mundo: el de la impunidad institucional.
Contenido humorístico generado por inteligencia artificial
En una decisión que sacudió los cimientos del Palacio de Hacienda, el ministro de Economía, Luis Caputo, desplazó de su cargo al secretario de Transporte, Luis Pierrini. La medida se produjo tras la difusión de una denuncia penal por presunta corrupción vinculada a una estafa millonaria con los fondos de la tarjeta SUBE, cuyo perjuicio al erario público se calcula en 30.000 millones de pesos. La maniobra consistía en la alteración de datos técnicos del sistema de pago electrónico para inflar la percepción de subsidios estatales.
Acorralado por la gravedad de las acusaciones, el funcionario de origen mendocino no realizó mayores esfuerzos por justificar su alejamiento y argumentó «motivos personales» para presentar su renuncia. Sin embargo, fuentes gubernamentales confirman que el ministro Caputo exigió su salida inmediata al revelarse una supuesta estafa de la empresa de colectivos La Nueva Metropol, perteneciente a la familia Zbikoski. Según la investigación, esta firma habría causado un perjuicio al Tesoro nacional de 3.000 millones de pesos mensuales durante la gestión de Pierrini.
El trasfondo de la maniobra y el control aerocomercial
La denuncia que originó el desplazamiento fue presentada por la Asociación Arco (Arco Social). El integrante de dicha organización, Alejandro Sebastián Díaz Pascual, explicó que la maniobra consistía en «realizar un corrimiento artificial de validaciones desde tramos cortos a tramos largos en el sistema de la tarjeta SUBE». Este procedimiento permitía un incremento exponencial en los montos de los subsidios percibidos por determinadas empresas, «sin correlato real en pasajeros ni en kilómetros recorridos», según sostiene la presentación judicial.
El ministro Caputo contó con el aval de Karina Milei para ejecutar el despido de Pierrini. Tras esta intervención, el titular de Economía buscaría avanzar sobre el control total del área aerocomercial. En los despachos oficiales se comenta que la pasividad del Gobierno ante «el desastre de la empresa Flybondi», dirigida por Leonardo Scaturicce, se ha vuelto «insostenible» para la administración nacional.
Designación del sucesor y vínculos empresarios
Luis Pierrini había llegado a la estructura del Estado de la mano del ex titular de ARCA, Juan Pazo, con quien compartía antecedentes en el sector privado de los seguros. Antes de su paso por la función pública, Pierrini se desempeñaba como presidente de Triunfo Seguros, una compañía con fuerte presencia en la región cuyana.
Para cubrir la vacante, el Gobierno designó al arquitecto Fernando Herrmann. El nuevo secretario proviene exclusivamente de la actividad privada y carece de experiencia previa en el sector del transporte, una característica que comparte con su antecesor. La situación ha generado tensiones adicionales en el sector empresarial: mientras La Nueva Metropol desmintió las acusaciones, sus directivos señalaron al Grupo Dota —controlador del 50% de las unidades del AMBA— de ser el principal instigador de la denuncia penal.
Finalmente, desde Arco Social remarcaron que existieron «advertencias técnicas formales» desde diciembre de 2025 sobre estas irregularidades, pero las autoridades competentes, especialmente en el Ministerio de Economía, habrían incurrido en una «responsabilidad por omisión funcional» al no adoptar medidas de auditoría efectivas en su momento.
Bienvenidos a una nueva edición de «Crónicas de la Transparencia Creativa», el programa donde los funcionarios públicos demuestran que el único transporte que funciona con precisión suiza en la República es el de los fondos estatales hacia cuentas particulares. Esta semana, el ministro Luis Caputo, con el aval místico de la Secretaría General de la Presidencia, decidió que Luis Pierrini ya había cumplido su cuota de «creatividad» en la Secretaría de Transporte. Resulta que en el fascinante mundo de la tarjeta SUBE, las leyes de la física son opcionales: gracias a una maniobra técnica digna de una película de Christopher Nolan, los colectivos lograban recorrer distancias astronómicas sin siquiera encender el motor, permitiendo que las empresas cobraran subsidios por viajes que solo existieron en el plano espiritual de los servidores informáticos.
Pierrini, quien arribó al cargo con el prestigio de presidir una aseguradora en la región de Cuyo, parece haber confundido la gestión pública con una póliza de «todo riesgo» para sus allegados. Su salida por «motivos personales» es el eufemismo clásico de la política nacional para evitar decir «mi abogado me recomendó el silencio absoluto». El perjuicio de 30.000 millones de pesos es una cifra que para el ciudadano común representa varias vidas de trabajo, pero que para la casta del transporte automotor es apenas un error de redondeo en una planilla de Excel. Mientras tanto, el sector aerocomercial observa con pánico cómo el Ministerio de Economía ahora busca extender sus tentáculos sobre Flybondi, una aerolínea que ha convertido la incertidumbre del despegue en su principal propuesta de valor.
Para solucionar este desmadre logístico, el Gobierno ha recurrido a una solución muy argentina: nombrar a un arquitecto. Porque, lógicamente, cuando el sistema de transporte está colapsado por una estafa sistémica, lo que se necesita no es un experto en movilidad, sino alguien capaz de diseñar una fachada lo suficientemente elegante para que los próximos 3.000 millones de pesos mensuales desaparezcan con un poco más de estilo. Entre empresarios que se acusan mutuamente de incentivar denuncias y boletos que se estiran como chicles para cobrar plus de subsidios, lo único que queda claro es que en este país el único que no viaja gratis es el contribuyente, que sigue pagando el boleto más caro del mundo: el de la impunidad institucional.