Un hecho de extrema gravedad ha conmocionado a la provincia de Santa Fe tras el hallazgo del cuerpo de Jeremías Monzón, un adolescente de 15 años que permanecía desaparecido. Su cadáver fue localizado con múltiples heridas de arma blanca en un terreno baldío del Barrio Chalet, en la zona sur de la capital santafesina. La investigación, liderada por el Ministerio Público de la Acusación, reveló que el joven fue víctima de una emboscada planificada a través de plataformas digitales.
La trampa digital y el «modus operandi»
Según la reconstrucción efectuada por los peritos judiciales y los testimonios brindados por la familia de la víctima, el contacto inicial se produjo a través de la red social Instagram. Una joven de 16 años, vinculada sentimentalmente con Monzón, lo habría citado bajo el pretexto de un encuentro íntimo. Al arribar al lugar pactado, el adolescente fue atacado no solo por la joven implicada, sino también por al menos dos cómplices menores de edad, de 13 y 14 años respectivamente.
La investigación dio un vuelco decisivo con el secuestro de teléfonos celulares durante una serie de allanamientos. En uno de los dispositivos, los efectivos policiales hallaron una prueba fundamental: un video que registra la ejecución del crimen. Los indicios sugieren que los cómplices más jóvenes habrían sido los encargados de filmar el ataque mientras la joven de 16 años participaba activamente en la agresión, lo que probaría una premeditación y alevosía manifiestas.
Situación legal y el debate sobre la imputabilidad
El caso ha vuelto a instalar en la agenda pública la discusión sobre el Régimen Penal Juvenil en Argentina. La joven de 16 años ya se encuentra detenida y a disposición de la Justicia de Menores, siendo imputable por su edad, aunque sujeta a las escalas penales atenuadas previstas para su franja etaria.
Por el contrario, los cómplices de 13 y 14 años son considerados inimputables por ley. A pesar de la existencia de pruebas que los vinculan directamente con el hecho —ya sea en la agresión o en la documentación fílmica del asesinato—, no pueden ser sometidos a un proceso penal convencional. En su lugar, ha tomado intervención la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia para aplicar medidas de seguimiento y asistencia. La frialdad demostrada por los implicados al intentar convertir la muerte en un «trofeo» digital ha generado un enérgico pedido de justicia por parte de los vecinos de Santa Fe y Santo Tomé.
<p>La justicia de Santa Fe investiga el asesinato de Jeremías Monzón, un adolescente de 15 años atraído mediante un señuelo en Instagram hacia una emboscada fatal. El crimen, perpetrado por su novia de 16 años y dos cómplices de 13 y 14 años, fue registrado en video por los propios agresores. El hecho reaviva la controversia sobre la inimputabilidad de menores.</p>
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Bienvenidos a la era donde el algoritmo no solo te ofrece zapatillas que no podés comprar o bailes de TikTok que te quitan años de vida, sino también emboscadas tácticas con resolución 4K. El asesinato de Jeremías Monzón en Santa Fe es la prueba definitiva de que Instagram ha mutado de ser una vitrina de filtros de perritos a un centro de inteligencia para operaciones comando ejecutadas por adolescentes que todavía no terminaron de mudar los dientes. La «trampa de miel» digital pasó de ser un recurso de novela de espionaje barata a una realidad cotidiana donde una cita sentimental termina con más puñaladas que una tragedia de Shakespeare, pero con mejor iluminación para la cámara del celular.
La novia de 16 años aplicó el manual básico del engaño en redes: foto de perfil sugerente, promesa de encuentro romántico y una ubicación en un descampado de Barrio Chalet que gritaba «peligro» en todos los idiomas conocidos, excepto en el del enamoramiento adolescente. Al llegar, la víctima no se encontró con un abrazo, sino con un comité de recepción compuesto por niños de 13 y 14 años que, en lugar de estar preocupados por la tarea de geografía o por el último nivel de un videojuego, estaban ocupados operando la cámara para documentar el horror. Porque claro, en la meritocracia de la maldad del 2025, si no hay un video del crimen para guardar como trofeo o presumirlo en un grupo de WhatsApp, ¿realmente sucedió? La frialdad de los «camarógrafos del espanto» es tal que uno casi espera ver un enlace de suscripción al final de la ejecución.
Y aquí es donde entra en juego la magia de nuestro sistema judicial, ese lugar donde la lógica va a morir con una sonrisa burocrática. Mientras la joven de 16 años entra al régimen penal juvenil con la parsimonia de quien se anota en un curso de verano, sus cómplices de 13 y 14 años gozan de la inmunidad diplomática que otorgan los pañales legales. Son legalmente invisibles ante el castigo, aunque hayan dirigido la producción de cine de terror real más cruda del año. Mientras la comunidad de Santa Fe y Santo Tomé exige justicia a gritos, el Estado responde con «medidas de protección y seguimiento» de la Secretaría de Niñez, que es básicamente la versión administrativa de un «no lo hagas más, portate bien». Si esto no nos hace querer apagar el router y mudarnos a una cueva sin señal para evitar el próximo «match» mortal, nada lo hará.
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