El escenario institucional del Club Atlético Boca Juniors atraviesa horas críticas tras la presentación de una denuncia penal contra su presidente, Juan Román Riquelme. La acusación, radicada este martes en el Juzgado Criminal y Correccional N° 39 por el dirigente Walter Federico Klix, imputa al máximo mandatario y a otros directivos por los presuntos delitos de administración fraudulenta y asociación ilícita.
Los pilares de la denuncia judicial
La presentación impulsada por Klix sostiene la existencia de un «esquema mafioso» destinado al beneficio económico personal de la cúpula dirigencial. Entre los puntos más sensibles de la acusación se destacan:
- Mercado Negro de Entradas: Se denuncia un sistema paralelo de venta clandestina de tickets y protocolos que operaría por fuera de la plataforma oficial SoySocio, manipulando los controles de acceso al estadio.
- Irregularidades en el Padrón: El denunciante afirma que se realizan traspasos discrecionales de hinchas a la categoría de socios activos, vulnerando el orden de prioridad a cambio de favores políticos internos.
- Desvío de Indumentaria: La justicia investigará el faltante de 50.000 prendas oficiales de la marca patrocinadora, las cuales habrían sido desviadas del fútbol juvenil y femenino hacia circuitos de reventa ilegal.
- Subdeclaración de Ingresos: Se sospecha de la manipulación de registros contables para ocultar excedentes de caja provenientes de las recaudaciones en partidos oficiales.
Pruebas y contexto político
Walter Klix aseguró contar con un respaldo probatorio contundente para sostener la causa. «Tenemos más de 100 testigos dispuestos a declarar, además de chats, fotos y videos que prueban cómo se distribuyen las entradas», afirmó el funcionario. Cabe recordar que una denuncia previa por el faltante de camisetas en 2025 fue archivada, pero la querella sostiene que esta nueva instancia cuenta con elementos que vinculan directamente a la Comisión Directiva con la operatoria ilícita.
Desde el oficialismo del club, el entorno de Riquelme calificó la medida como una «persecución política». Argumentan que sectores vinculados a la oposición nacional buscan desestabilizar a la actual gestión tras el respaldo electoral obtenido en diciembre de 2023. Además del presidente, la denuncia involucra formalmente al Secretario General, Ricardo Rosica, y menciona a familiares directos de la conducción en causas conexas.
En las próximas semanas, la fiscalía evaluará la validez de los testimonios y no se descartan allanamientos en las oficinas de La Bombonera y el predio de Ezeiza para el secuestro de documentación contable y dispositivos electrónicos que permitan corroborar las denuncias de administración fraudulenta.
