Alejandro Patricio Maraniello, juez civil y comercial federal, fue quien dictó la medida cautelar que prohíbe la difusión de audios atribuidos a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia. La decisión responde a una denuncia del Ministerio de Seguridad por una presunta “operación de inteligencia ilegal”.
Según el fallo, la prohibición alcanza a todos los audios que se hayan grabado “en la Casa de Gobierno” y que sean atribuidos a la hermana del presidente. La medida se extiende a medios de comunicación, redes sociales y cualquier otra plataforma. Maraniello consideró que correspondía “la protección cautelar” solicitada por el Gobierno.
Denuncias en su contra: acoso, maltrato y fondos públicos
El juez Maraniello no es ajeno a las controversias. Actualmente enfrenta nueve denuncias ante el Consejo de la Magistratura, el órgano encargado de investigar a los magistrados. Cinco de esas acusaciones son por acoso sexual, mientras que el resto se relaciona con maltrato laboral, abuso de poder, malversación de fondos públicos e incumplimiento de reglamentos judiciales.
La Comisión de Disciplina del Consejo lo citó el pasado 19 de agosto y le dio un plazo de 20 días para presentar su defensa. La investigación se abrió tras una presentación de la Asociación de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial (AEPJN), que recopiló los testimonios de las trabajadoras afectadas.
Un fallo en plena tormenta política
La cautelar firmada por Maraniello responde a una presentación realizada por el Ministerio de Seguridad, encabezado por Patricia Bullrich. La denuncia sostiene que los audios forman parte de una operación “para desestabilizar al país en plena campaña electoral”. Fue presentada ante el juzgado federal N.º 12, bajo el argumento de “inteligencia ilegal”.
Si bien el juez no confirmó haber escuchado los audios ni determinado el modo en que fueron obtenidos, consideró necesario frenar su difusión. La decisión generó un fuerte repudio por parte de periodistas, abogados y organismos que defienden la libertad de expresión.
El juez Alejandro Patricio Maraniello, quien dictó la cautelar que prohíbe la difusión de audios atribuidos a Karina Milei, enfrenta nueve denuncias en el Consejo de la Magistratura, incluyendo cinco por acoso sexual. Fue citado por ese organismo para ejercer su defensa. El magistrado justificó su decisión con el argumento de proteger la intimidad, en el marco de una denuncia del Gobierno por una supuesta operación de inteligencia ilegal.
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Alejandro Patricio Maraniello, juez civil y comercial federal, fue quien dictó la medida cautelar que prohíbe la difusión de audios atribuidos a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia. La decisión responde a una denuncia del Ministerio de Seguridad por una presunta “operación de inteligencia ilegal”.
Según el fallo, la prohibición alcanza a todos los audios que se hayan grabado “en la Casa de Gobierno” y que sean atribuidos a la hermana del presidente. La medida se extiende a medios de comunicación, redes sociales y cualquier otra plataforma. Maraniello consideró que correspondía “la protección cautelar” solicitada por el Gobierno.
Denuncias en su contra: acoso, maltrato y fondos públicos
El juez Maraniello no es ajeno a las controversias. Actualmente enfrenta nueve denuncias ante el Consejo de la Magistratura, el órgano encargado de investigar a los magistrados. Cinco de esas acusaciones son por acoso sexual, mientras que el resto se relaciona con maltrato laboral, abuso de poder, malversación de fondos públicos e incumplimiento de reglamentos judiciales.
La Comisión de Disciplina del Consejo lo citó el pasado 19 de agosto y le dio un plazo de 20 días para presentar su defensa. La investigación se abrió tras una presentación de la Asociación de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial (AEPJN), que recopiló los testimonios de las trabajadoras afectadas.
Un fallo en plena tormenta política
La cautelar firmada por Maraniello responde a una presentación realizada por el Ministerio de Seguridad, encabezado por Patricia Bullrich. La denuncia sostiene que los audios forman parte de una operación “para desestabilizar al país en plena campaña electoral”. Fue presentada ante el juzgado federal N.º 12, bajo el argumento de “inteligencia ilegal”.
Si bien el juez no confirmó haber escuchado los audios ni determinado el modo en que fueron obtenidos, consideró necesario frenar su difusión. La decisión generó un fuerte repudio por parte de periodistas, abogados y organismos que defienden la libertad de expresión.