La Legislatura de Mendoza dio este martes un paso clave y a la vez polémico en la relación entre minería y ambiente en la provincia. Tras un extenso debate, el Senado aprobó la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto San Jorge, un emprendimiento minero centrado en la explotación de cobre en el departamento de Uspallata.
El aval legislativo fue posible gracias a la mayoría oficialista, que sostuvo el proyecto impulsado por el gobierno de Alfredo Cornejo. Afuera del recinto, organizaciones ambientales y vecinos se manifestaron en contra de la iniciativa, portando carteles y entonando consignas como “El agua no se negocia”, en alusión al posible impacto del emprendimiento sobre los recursos hídricos de la región.
Una sesión cargada de tensión y seguridad
La jornada legislativa no pasó desapercibida. Mientras en el interior del Senado se desarrollaba el tratamiento del expediente, en las calles el clima era de protesta. Un fuerte operativo de seguridad fue desplegado en los alrededores de la Legislatura provincial, con cortes de tránsito y presencia policial para evitar incidentes.
El proyecto San Jorge ya había sido motivo de polémica años atrás, y su reactivación bajo la actual gestión reavivó los reclamos de las asambleas socioambientales, que sostienen que se trata de una amenaza directa a los cursos de agua y al equilibrio ecológico de la zona.
Qué se viene tras la aprobación
Con la aprobación en el Senado, solo resta la promulgación del Ejecutivo provincial para que el proyecto avance a su siguiente etapa. Esto incluye el desarrollo de la ingeniería de detalle, un paso técnico fundamental antes de iniciar la construcción de la mina, cuya ejecución podría extenderse hasta 2027.
Mientras el gobierno celebra lo que considera un avance estratégico en términos económicos, las organizaciones ambientales ya anuncian nuevas movilizaciones. La discusión de fondo vuelve a escena: el equilibrio entre el desarrollo productivo y la protección de los recursos naturales, con el agua como eje central del conflicto.
La Legislatura de Mendoza aprobó este martes la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto minero San Jorge, orientado a la explotación de cobre. El aval fue respaldado por la mayoría oficialista en el Senado, en una jornada marcada por protestas y un fuerte operativo de seguridad. El proyecto ha sido duramente cuestionado por su potencial impacto sobre los recursos hídricos. Ahora resta la promulgación del Ejecutivo para avanzar con la ingeniería de detalle y la futura construcción de la mina.
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Zappo te lo cuenta
Mendoza volvió a abrir su grieta más profunda: no, no hablamos de fútbol, sino de minería y agua. Con más tensión que final de MasterChef, el Senado provincial aprobó la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto San Jorge, una iniciativa para explotar cobre que promete desarrollo económico, pero huele a conflicto ambiental desde kilómetros de distancia.
El guion fue casi cinematográfico: mayoría oficialista alineada como si votaran por Zoom, manifestantes en la calle con pancartas, cánticos y la ya clásica consigna «El agua no se negocia», y un despliegue policial que podría envidiar cualquier recital masivo. Todo eso para validar un proyecto que, según el gobierno, trae progreso; según las asambleas ambientales, trae problemas. Y según el resto, trae dolores de cabeza.
Lo curioso es que, en una provincia donde el agua vale más que el vino (y eso ya es decir mucho), aprobar una mina que preocupa por sus impactos hídricos suena como organizar un festival de fuegos artificiales en un depósito de pirotecnia.
Mientras el oficialismo celebra con discretos brindis de espumante, las organizaciones ambientales ya afilan gargantas para lo que prometen será un diciembre de marchas y resistencia. El Ejecutivo solo tiene que firmar para que la ingeniería de detalle comience y, con ella, un nuevo capítulo de esta eterna novela entre promesas extractivistas y la defensa férrea de los recursos naturales.
San Jorge aún no empezó a sacar cobre, pero ya extrajo una tonelada de controversia.
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