Este jueves 16 de octubre, el gobernador Alfredo Cornejo promulgó oficialmente la Ley Nº 9666, conocida popularmente como la “ley anti-siesta”, una reforma que busca modernizar el funcionamiento de la Justicia penal en Mendoza.
La norma obliga al Poder Judicial a extender el horario de las audiencias penales hasta las 19 horas, utilizando de forma más eficiente las tardes, actualmente desaprovechadas.
La medida fue puesta en vigencia mediante el decreto Nº 2193 y modifica tres leyes clave del sistema judicial provincial: la Ley Nº 6730, la Nº 8008 y la Nº 9040.
Más audiencias, menos siesta
El objetivo central es agilizar los procesos judiciales, equilibrar la carga laboral entre distintos actores del sistema y garantizar que los juicios se desarrollen en plazos razonables.
Los datos que impulsaron esta reforma son contundentes. Según estadísticas de la Suprema Corte de Justicia, entre 2023 y 2024 se realizaron 45.482 audiencias, de las cuales el 86% se llevaron a cabo durante la mañana.
Solo el 2% se realizó a las 17 horas y ninguna después de las 18. Esto deja en evidencia una importante capacidad ociosa en el turno vespertino que ahora se buscará aprovechar.
Reestructuración interna del sistema penal
Además de ampliar la franja horaria, la reforma promueve una participación más activa de ayudantes fiscales y codefensores en los debates orales, para descongestionar un sistema saturado.
En 2023, ingresaron 1.871 causas en los Tribunales Penales Colegiados frente a casi 20.000 en los Juzgados Penales Colegiados, lo que refleja una desproporción que la nueva ley intenta corregir.
Uno de los cambios estructurales más relevantes es la ampliación de la competencia de los Tribunales Penales Colegiados, que ahora podrán intervenir en debates correccionales, sumando unas 4.000 audiencias anuales que antes recaían sobre los Juzgados Penales Colegiados.
Esta redistribución busca acelerar la resolución de causas y equilibrar el trabajo entre las distintas instancias.
Más control y mejor asignación de turnos
La norma también prevé la reorganización de la Oficina de Audiencias para mejorar la asignación de turnos, evitar reprogramaciones y reducir las postergaciones.
Además, establece la elección anual de representantes titulares y suplentes de cada circunscripción judicial, quienes deberán elaborar un informe con los resultados de la actividad jurisdiccional y reportar dificultades ante la Sala Administrativa.
Con esta reforma, el Ejecutivo provincial apunta a una Justicia más ágil, eficiente y menos concentrada en la franja matutina. En palabras no dichas pero sugeridas por los números: en Mendoza, la Justicia ya no duerme la siesta.
