En una resolución de alto impacto político y judicial, el juez federal Sebastián Casanello dictó este martes el procesamiento de Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), bajo los cargos de jefe de asociación ilícita, negociaciones incompatibles con la función pública, defraudación agravada y cohecho pasivo. La medida, que alcanza a otros 18 acusados, describe un sofisticado entramado de corrupción destinado a captar fondos públicos a través de contrataciones irregulares.
Según el magistrado, la organización criminal operaba mediante un «sistema de retornos» implementado por droguerías que vendían medicamentos con sobreprecios a la ANDIS. El fallo resalta que la agencia fue «cooptada y empleada como vía de enriquecimiento para los miembros de la organización», afectando directamente los recursos destinados a «la protección y cuidado de las personas en situación de discapacidad».
Maniobras de cartelización y sobreprecios
La investigación permitió determinar la existencia de una «puesta en escena» en los procesos de competencia de precios. Las empresas involucradas, como Profarma, Génesis, New Farma y Floresta, mantenían vínculos entre sí y habían sido dadas de alta como prestadoras el mismo día. La resolución detalla que estas firmas se «turnaban» para presentar ofertas en licitaciones de medicamentos de alto costo e insumos específicos, como implantes auditivos, asegurando la adjudicación mutua.
Casanello subrayó que las ofertas de estas droguerías eran «injustificadamente caras», superando incluso los valores de otras compulsas que se realizaban de forma simultánea en el mismo organismo. Ante las denuncias de empresas excluidas, Spagnuolo habría manifestado una «ceguera frente a los hechos», a pesar de que testigos bajo juramento afirmaron haberle advertido personalmente sobre el sistema de compras «manejado a dedo».
Pruebas clave y embargos millonarios
Entre los elementos probatorios que sustentan el procesamiento, el juez destacó el hallazgo de una máquina de contar billetes en el domicilio de Spagnuolo, herramienta considerada «necesaria para instrumentar la entrega y recibo de dinero» en la clandestinidad. Asimismo, se probaron vínculos comerciales irregulares, incluyendo pagos realizados por el operador Miguel Ángel Calvete a un mueblero contratado por el entonces director de la agencia.
La estructura delictiva contaría, según el fallo, con cuatro jefes principales: Spagnuolo, su segundo en el organismo, Daniel Garbellini, y los operadores externos Miguel Ángel Calvete y Pablo Atchabahian. Sobre estos últimos pesa la acusación de ser los cerebros que «controlaban la ANDIS desde afuera», aprovechando situaciones de emergencia para evitar licitaciones públicas.
Aunque los acusados permanecerán en libertad, el magistrado dispuso un embargo preventivo de 202.247.451.393 pesos sobre los bienes de Spagnuolo y cifras similares para los demás cabecillas. Casanello advirtió que la investigación continuará para determinar si existen «otros niveles de complicidades», sugiriendo que la responsabilidad política podría escalar fuera de los límites actuales del organismo.
Nómina de los principales procesados
La lista de los 19 procesados incluye a funcionarios, empleados y empresarios. Los señalados como jefes de la asociación ilícita son:
- Diego Orlando Spagnuolo (Ex Director Ejecutivo de ANDIS)
- Daniel María Garbellini (Ex Subdirector)
- Miguel Ángel Calvete (Operador externo)
- Pablo Atchabahian (Operador externo)
Además, el juez citó a indagatoria a las personas jurídicas de las cuatro droguerías implicadas y a otros seis individuos vinculados a las maniobras financieras, buscando profundizar en el origen y destino de los fondos desviados.
<p>El juez federal Sebastián Casanello procesó al ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, y a otros 18 implicados por asociación ilícita, fraude y cohecho. La investigación reveló una estructura de sobreprecios en medicamentos de alto costo y retornos de droguerías vinculadas entre sí, desviando fondos destinados a la asistencia de personas con discapacidad hacia negocios privados ilícitos.</p>
Resumen generado automáticamente por inteligencia artificial
Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestra sección favorita: «Cómo saquear el Estado y no morir en el intento (hasta que Casanello te encuentra la máquina de contar guita)». Hoy el protagonista es Diego Spagnuolo, quien pasó de ser el zar de la ANDIS a tener un procesamiento que pesa más que una enciclopedia de derecho penal. Parece que en la Agencia Nacional de Discapacidad la única incapacidad que no existía era la de facturar, porque según la Justicia, montaron un kiosquito de medicamentos con sobreprecio que haría que el dueño de una farmacia de turno en pleno domingo parezca un franciscano descalzo.
Lo más tierno de esta crónica de la cleptocracia es el hallazgo de la famosa maquinita de contar billetes en el domicilio del ex funcionario. Spagnuolo, en un rapto de creatividad digno de un guionista de Netflix con falta de sueño, alegó «ceguera frente a los hechos». Es decir, el hombre no veía la corrupción, pero sospechamos que el sonido del motorcito contando billetes de mil le servía como terapia de relajación ASMR antes de dormir. Mientras tanto, las droguerías Profarma y Génesis se turnaban para ganar licitaciones con la armonía de una coreografía del Cirque du Soleil, cobrando precios que nos hacen pensar que los medicamentos traían partículas de oro sólido o, por lo menos, la cura definitiva para la cara de piedra.
Pero no todo es contabilidad creativa y fármacos a precio de lingote. También tenemos al «mueblero» de confianza, que recibía pagos de operadores externos como si fuera lo más normal del mundo que un contratista del Estado te pague la mesa de luz y el rack para el televisor. Casanello, que no se compra buzones ni aunque vengan con descuento de jubilado, le clavó un embargo de 202 mil millones de pesos. Sí, leyó bien, una cifra con tantos ceros que parece el número de WhatsApp de un jeque árabe. Es el precio que el juez le puso a la «puesta en escena» de un grupo que, mientras debía cuidar a los más vulnerables, estaba más ocupado en asegurarse de que el sistema de retornos funcionara con la precisión de un reloj suizo aceitado con la plata de todos nosotros.
Contenido humorístico generado por inteligencia artificial
En una resolución de alto impacto político y judicial, el juez federal Sebastián Casanello dictó este martes el procesamiento de Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), bajo los cargos de jefe de asociación ilícita, negociaciones incompatibles con la función pública, defraudación agravada y cohecho pasivo. La medida, que alcanza a otros 18 acusados, describe un sofisticado entramado de corrupción destinado a captar fondos públicos a través de contrataciones irregulares.
Según el magistrado, la organización criminal operaba mediante un «sistema de retornos» implementado por droguerías que vendían medicamentos con sobreprecios a la ANDIS. El fallo resalta que la agencia fue «cooptada y empleada como vía de enriquecimiento para los miembros de la organización», afectando directamente los recursos destinados a «la protección y cuidado de las personas en situación de discapacidad».
Maniobras de cartelización y sobreprecios
La investigación permitió determinar la existencia de una «puesta en escena» en los procesos de competencia de precios. Las empresas involucradas, como Profarma, Génesis, New Farma y Floresta, mantenían vínculos entre sí y habían sido dadas de alta como prestadoras el mismo día. La resolución detalla que estas firmas se «turnaban» para presentar ofertas en licitaciones de medicamentos de alto costo e insumos específicos, como implantes auditivos, asegurando la adjudicación mutua.
Casanello subrayó que las ofertas de estas droguerías eran «injustificadamente caras», superando incluso los valores de otras compulsas que se realizaban de forma simultánea en el mismo organismo. Ante las denuncias de empresas excluidas, Spagnuolo habría manifestado una «ceguera frente a los hechos», a pesar de que testigos bajo juramento afirmaron haberle advertido personalmente sobre el sistema de compras «manejado a dedo».
Pruebas clave y embargos millonarios
Entre los elementos probatorios que sustentan el procesamiento, el juez destacó el hallazgo de una máquina de contar billetes en el domicilio de Spagnuolo, herramienta considerada «necesaria para instrumentar la entrega y recibo de dinero» en la clandestinidad. Asimismo, se probaron vínculos comerciales irregulares, incluyendo pagos realizados por el operador Miguel Ángel Calvete a un mueblero contratado por el entonces director de la agencia.
La estructura delictiva contaría, según el fallo, con cuatro jefes principales: Spagnuolo, su segundo en el organismo, Daniel Garbellini, y los operadores externos Miguel Ángel Calvete y Pablo Atchabahian. Sobre estos últimos pesa la acusación de ser los cerebros que «controlaban la ANDIS desde afuera», aprovechando situaciones de emergencia para evitar licitaciones públicas.
Aunque los acusados permanecerán en libertad, el magistrado dispuso un embargo preventivo de 202.247.451.393 pesos sobre los bienes de Spagnuolo y cifras similares para los demás cabecillas. Casanello advirtió que la investigación continuará para determinar si existen «otros niveles de complicidades», sugiriendo que la responsabilidad política podría escalar fuera de los límites actuales del organismo.
Nómina de los principales procesados
La lista de los 19 procesados incluye a funcionarios, empleados y empresarios. Los señalados como jefes de la asociación ilícita son:
- Diego Orlando Spagnuolo (Ex Director Ejecutivo de ANDIS)
- Daniel María Garbellini (Ex Subdirector)
- Miguel Ángel Calvete (Operador externo)
- Pablo Atchabahian (Operador externo)
Además, el juez citó a indagatoria a las personas jurídicas de las cuatro droguerías implicadas y a otros seis individuos vinculados a las maniobras financieras, buscando profundizar en el origen y destino de los fondos desviados.
Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestra sección favorita: «Cómo saquear el Estado y no morir en el intento (hasta que Casanello te encuentra la máquina de contar guita)». Hoy el protagonista es Diego Spagnuolo, quien pasó de ser el zar de la ANDIS a tener un procesamiento que pesa más que una enciclopedia de derecho penal. Parece que en la Agencia Nacional de Discapacidad la única incapacidad que no existía era la de facturar, porque según la Justicia, montaron un kiosquito de medicamentos con sobreprecio que haría que el dueño de una farmacia de turno en pleno domingo parezca un franciscano descalzo.
Lo más tierno de esta crónica de la cleptocracia es el hallazgo de la famosa maquinita de contar billetes en el domicilio del ex funcionario. Spagnuolo, en un rapto de creatividad digno de un guionista de Netflix con falta de sueño, alegó «ceguera frente a los hechos». Es decir, el hombre no veía la corrupción, pero sospechamos que el sonido del motorcito contando billetes de mil le servía como terapia de relajación ASMR antes de dormir. Mientras tanto, las droguerías Profarma y Génesis se turnaban para ganar licitaciones con la armonía de una coreografía del Cirque du Soleil, cobrando precios que nos hacen pensar que los medicamentos traían partículas de oro sólido o, por lo menos, la cura definitiva para la cara de piedra.
Pero no todo es contabilidad creativa y fármacos a precio de lingote. También tenemos al «mueblero» de confianza, que recibía pagos de operadores externos como si fuera lo más normal del mundo que un contratista del Estado te pague la mesa de luz y el rack para el televisor. Casanello, que no se compra buzones ni aunque vengan con descuento de jubilado, le clavó un embargo de 202 mil millones de pesos. Sí, leyó bien, una cifra con tantos ceros que parece el número de WhatsApp de un jeque árabe. Es el precio que el juez le puso a la «puesta en escena» de un grupo que, mientras debía cuidar a los más vulnerables, estaba más ocupado en asegurarse de que el sistema de retornos funcionara con la precisión de un reloj suizo aceitado con la plata de todos nosotros.