Daniel Garbellini, exfuncionario de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), presentó un informe ante la Justicia donde negó todos los delitos de los que se lo acusa y aseguró que Diego Spagnuolo era quien tomaba todas las decisiones dentro del organismo. El abogado, removido de su puesto tras el escándalo por presuntos sobornos en la adquisición de medicamentos, detalló en su defensa cómo asumió la Dirección de Acceso a los Servicios de Salud en junio de 2024.
Al respecto, el exfuncionario agregó que sus funciones se limitaban a la gestión del programa Incluir Salud, destinado a brindar asistencia médica a personas con discapacidad sin cobertura social. Garbellini aseguró que no tenía poder de decisión sobre las bajas de las pensiones a los beneficiarios y remarcó que eso era tarea de Spagnuolo, al igual que la adquisición de los medicamentos que administraba la ANDIS.
La defensa: «Yo solo era un usuario»
En su presentación escrita, Garbellini intentó despegarse de la toma de decisiones críticas: “Tanto el suscripto como el resto de los funcionarios y empleados éramos usuarios del sistema, quedando sólo en manos de la Dirección Ejecutiva la administración del sistema con acceso pleno e irrestricto a toda la información, para dar publicidad y conocimiento público tanto de los procesos de las compulsas como de los pagos de las contrataciones de la ANDIS”.
Asimismo, enfatizó su falta de injerencia en la transparencia de los actos administrativos: “No se encontraba dentro de mis facultades dar acceso a la información de estos procesos. Si por algún motivo, el Director Ejecutivo, decidió no abrir las contrataciones de la ANDIS al control y acceso público, pudiendo hacerlo, ello escapaba de mi responsabilidad y actuación”.
“Nunca tuve el poder de realizar transformaciones de fondo, a pesar de habérselas sugerido al Director Ejecutivo en diferentes oportunidades, su respuesta siempre era la misma ‘esto se hace así desde siempre, todo acá es por urgencia’”, se lee en otro tramo del escrito presentado ante los magistrados, apuntando directamente contra la gestión de Spagnuolo.
La confesión de Grant complica la estrategia
Sin embargo, la situación judicial de Garbellini choca con el testimonio de Grant, quien administraba las adquisiciones a través del Sistema Integrado de Información y Administración de Prestaciones con Discapacidad (SIIPFIS) y se convirtió en una pieza clave del expediente.
Durante su indagatoria, Grant admitió “gran parte de los procedimientos irregulares” vinculados a las contrataciones de medicamentos del programa PACBI. Según detallaron fuentes judiciales, sostuvo que “todo lo hacía por orden de Garbellini” y que “todo lo consultaba con él”, desde qué droguerías podían cotizar hasta el manejo de los tiempos administrativos. También afirmó que ejecutaba instrucciones precisas sobre altas y bajas en el sistema y se mantenía al tanto de quiénes habían logrado presentar ofertas.
La declaración confirmó que el direccionamiento estaba centralizado en Garbellini. Grant lo ubicó como la figura que definía la operatoria y aseguró que sus decisiones eran meramente instrumentales. En cambio, evitó referirse a supuestos pagos ilícitos: de las presuntas coimas, “no dijo nada”, según reconstruyeron quienes siguieron la audiencia.
Los cuadernos como prueba documental
En el expediente figura además otro elemento que compromete al excoordinador: su nombre aparece en cuadernos secuestrados durante un allanamiento a la vivienda de Miguel Ángel Calvete. Los investigadores consideran esas anotaciones como parte del mapa interno de la operatoria que se intenta reconstruir para determinar el alcance de la red de corrupción dentro del organismo estatal.
<p>Daniel Garbellini, exfuncionario de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), presentó un escrito ante la Justicia negando los cargos por presuntos sobornos y responsabilizó al director ejecutivo, Diego Spagnuolo, por las decisiones administrativas y compras de medicamentos. Sin embargo, el excoordinador Grant lo señaló como el cerebro detrás de las irregularidades, mientras que su nombre aparece en cuadernos secuestrados en la causa.</p>
Resumen generado automáticamente por inteligencia artificial
Arrancó oficialmente la temporada de «El Gran Bonete» en la Agencia Nacional de Discapacidad, ese maravilloso juego burocrático donde la culpa es una papa caliente que nadie quiere tener en la mano. Daniel Garbellini, con la cara de póker más ensayada de tribunales, decidió aplicar la defensa del «Yo solo era un usuario del sistema», una estrategia brillante que intenta equiparar su responsabilidad como funcionario público con la de un pasante que se olvida la contraseña del Wi-Fi. Según su versión, él paseaba por los pasillos de la ANDIS mirando las flores, mientras su jefe, Diego Spagnuolo, manejaba las compras millonarias de medicamentos con la discreción de un elefante en un bazar y bajo el lema institucional: «Esto se hace así por urgencia», que es el equivalente administrativo a «cerrá los ojos y firmá».
Pero la trama se complica porque apareció el señor Grant, otro actor de reparto en esta tragicomedia, quien decidió que si el barco se hunde, él no se ahoga solo. Grant confesó las irregularidades con la soltura de quien cuenta qué comió ayer, pero aclaró que él solo obedecía órdenes de Garbellini. Es fascinante cómo en la administración pública la cadena de mando funciona perfecto para bajar órdenes ilegales, pero se corta misteriosamente cuando llega una citación judicial. Grant lo pintó a Garbellini no como un «usuario», sino como el administrador del grupo de WhatsApp de la corrupción, decidiendo qué droguería cotizaba y cuál quedaba afuera, todo mientras Garbellini jura que su única función era respirar y ocupar una silla.
Y para coronar este sainete de transparencia dudosa, volvieron los clásicos de la literatura judicial argentina: los cuadernos. Porque en este país no hay causa de corrupción que se respete si no aparece un cuaderno Gloria espiralado con anotaciones incriminatorias. Encontraron el nombre de Garbellini en las libretas de un tal Calvete, confirmando que, a pesar de la era digital, la contabilidad paralela sigue confiando en el papel y la birome. Al final, entre acusaciones cruzadas y excusas de «urgencia», lo único que queda claro es que en la ANDIS la discapacidad principal parece ser la incapacidad moral para gestionar fondos públicos sin que termine interviniendo un juez federal.
Contenido humorístico generado por inteligencia artificial
Daniel Garbellini, exfuncionario de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), presentó un informe ante la Justicia donde negó todos los delitos de los que se lo acusa y aseguró que Diego Spagnuolo era quien tomaba todas las decisiones dentro del organismo. El abogado, removido de su puesto tras el escándalo por presuntos sobornos en la adquisición de medicamentos, detalló en su defensa cómo asumió la Dirección de Acceso a los Servicios de Salud en junio de 2024.
Al respecto, el exfuncionario agregó que sus funciones se limitaban a la gestión del programa Incluir Salud, destinado a brindar asistencia médica a personas con discapacidad sin cobertura social. Garbellini aseguró que no tenía poder de decisión sobre las bajas de las pensiones a los beneficiarios y remarcó que eso era tarea de Spagnuolo, al igual que la adquisición de los medicamentos que administraba la ANDIS.
La defensa: «Yo solo era un usuario»
En su presentación escrita, Garbellini intentó despegarse de la toma de decisiones críticas: “Tanto el suscripto como el resto de los funcionarios y empleados éramos usuarios del sistema, quedando sólo en manos de la Dirección Ejecutiva la administración del sistema con acceso pleno e irrestricto a toda la información, para dar publicidad y conocimiento público tanto de los procesos de las compulsas como de los pagos de las contrataciones de la ANDIS”.
Asimismo, enfatizó su falta de injerencia en la transparencia de los actos administrativos: “No se encontraba dentro de mis facultades dar acceso a la información de estos procesos. Si por algún motivo, el Director Ejecutivo, decidió no abrir las contrataciones de la ANDIS al control y acceso público, pudiendo hacerlo, ello escapaba de mi responsabilidad y actuación”.
“Nunca tuve el poder de realizar transformaciones de fondo, a pesar de habérselas sugerido al Director Ejecutivo en diferentes oportunidades, su respuesta siempre era la misma ‘esto se hace así desde siempre, todo acá es por urgencia’”, se lee en otro tramo del escrito presentado ante los magistrados, apuntando directamente contra la gestión de Spagnuolo.
La confesión de Grant complica la estrategia
Sin embargo, la situación judicial de Garbellini choca con el testimonio de Grant, quien administraba las adquisiciones a través del Sistema Integrado de Información y Administración de Prestaciones con Discapacidad (SIIPFIS) y se convirtió en una pieza clave del expediente.
Durante su indagatoria, Grant admitió “gran parte de los procedimientos irregulares” vinculados a las contrataciones de medicamentos del programa PACBI. Según detallaron fuentes judiciales, sostuvo que “todo lo hacía por orden de Garbellini” y que “todo lo consultaba con él”, desde qué droguerías podían cotizar hasta el manejo de los tiempos administrativos. También afirmó que ejecutaba instrucciones precisas sobre altas y bajas en el sistema y se mantenía al tanto de quiénes habían logrado presentar ofertas.
La declaración confirmó que el direccionamiento estaba centralizado en Garbellini. Grant lo ubicó como la figura que definía la operatoria y aseguró que sus decisiones eran meramente instrumentales. En cambio, evitó referirse a supuestos pagos ilícitos: de las presuntas coimas, “no dijo nada”, según reconstruyeron quienes siguieron la audiencia.
Los cuadernos como prueba documental
En el expediente figura además otro elemento que compromete al excoordinador: su nombre aparece en cuadernos secuestrados durante un allanamiento a la vivienda de Miguel Ángel Calvete. Los investigadores consideran esas anotaciones como parte del mapa interno de la operatoria que se intenta reconstruir para determinar el alcance de la red de corrupción dentro del organismo estatal.
Arrancó oficialmente la temporada de «El Gran Bonete» en la Agencia Nacional de Discapacidad, ese maravilloso juego burocrático donde la culpa es una papa caliente que nadie quiere tener en la mano. Daniel Garbellini, con la cara de póker más ensayada de tribunales, decidió aplicar la defensa del «Yo solo era un usuario del sistema», una estrategia brillante que intenta equiparar su responsabilidad como funcionario público con la de un pasante que se olvida la contraseña del Wi-Fi. Según su versión, él paseaba por los pasillos de la ANDIS mirando las flores, mientras su jefe, Diego Spagnuolo, manejaba las compras millonarias de medicamentos con la discreción de un elefante en un bazar y bajo el lema institucional: «Esto se hace así por urgencia», que es el equivalente administrativo a «cerrá los ojos y firmá».
Pero la trama se complica porque apareció el señor Grant, otro actor de reparto en esta tragicomedia, quien decidió que si el barco se hunde, él no se ahoga solo. Grant confesó las irregularidades con la soltura de quien cuenta qué comió ayer, pero aclaró que él solo obedecía órdenes de Garbellini. Es fascinante cómo en la administración pública la cadena de mando funciona perfecto para bajar órdenes ilegales, pero se corta misteriosamente cuando llega una citación judicial. Grant lo pintó a Garbellini no como un «usuario», sino como el administrador del grupo de WhatsApp de la corrupción, decidiendo qué droguería cotizaba y cuál quedaba afuera, todo mientras Garbellini jura que su única función era respirar y ocupar una silla.
Y para coronar este sainete de transparencia dudosa, volvieron los clásicos de la literatura judicial argentina: los cuadernos. Porque en este país no hay causa de corrupción que se respete si no aparece un cuaderno Gloria espiralado con anotaciones incriminatorias. Encontraron el nombre de Garbellini en las libretas de un tal Calvete, confirmando que, a pesar de la era digital, la contabilidad paralela sigue confiando en el papel y la birome. Al final, entre acusaciones cruzadas y excusas de «urgencia», lo único que queda claro es que en la ANDIS la discapacidad principal parece ser la incapacidad moral para gestionar fondos públicos sin que termine interviniendo un juez federal.