La necesidad imperiosa de afrontar los compromisos financieros internacionales ha forzado al Ministerio de Economía a acelerar los tiempos administrativos de manera inédita. La urgencia de Luis Caputo por reunir los USD 4.700 millones necesarios para pagar a bonistas y organismos internacionales en enero derivó en una resolución de emergencia que anticipa para este lunes el cobro del canon a los nuevos concesionarios de las represas hidroeléctricas de la Patagonia.
Acuciada por un calendario de vencimientos que no ofrece tregua, la cartera económica apuró la publicación de la Resolución 2059/2025. Esta normativa preadjudicó la venta del 100% de las acciones de las sociedades operadoras de Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila. Se trata de la segunda etapa de un concurso que, según las proyecciones oficiales, permitirá al Estado inyectar a las reservas algo más de USD 706 millones de manera inmediata.
Detalles de la adjudicación y los montos en juego
Los números de la operación han sido detallados con precisión milimétrica. La distribución de los activos estratégicos quedó configurada de la siguiente manera:
- Alicurá Hidroeléctrica Argentina S.A.: Preadjudicada a un consorcio integrado por Edison Inversiones S.A.U., Energética del Norte S.A.U., el Consorcio de Empresas Mendocinas para Potrerillos S.A. y Edison Holding S.A., con una oferta final de USD 162.040.002,17.
- El Chocón Hidroeléctrica Argentina S.A.: Quedó en manos de un grupo liderado por BML Inversora S.A.U., junto a Energgrain, Orazul Energy (Generating y Cerros Colorados), Limabaz, BML Generadora, MSU Energy Green y BML Energía, por un total de USD 235.671.294.
- Cerros Colorados Hidroeléctrica Argentina S.A.: Fue adjudicada nuevamente al tándem Edison Inversiones y Edison Holding, con una oferta de USD 64.174.002,32.
- Piedra del Águila Hidroeléctrica Argentina S.A.: Pasará a control de Central Puerto, que desembolsó USD 245 millones.
El próximo paso formal será la firma de los contratos de concesión y transferencia, programada para realizarse este lunes en la ciudad de Cipolletti, Río Negro. Con este acto administrativo, el Estado cede 30 años de concesión, con flujos dolarizados y rentabilidad garantizada, sobre activos que son columna vertebral del sistema energético nacional.
La ecuación financiera y las críticas políticas
El dato que genera mayor inquietud en el análisis macroeconómico es la desproporción entre el activo cedido y la deuda cubierta. Esos casi USD 700 millones no alcanzan ni para cubrir el 20% de los vencimientos de enero. En términos prácticos, se entrega el principal activo privatizable de la gestión actual para solventar apenas un quinto de una sola cuota de la deuda externa.
El panorama a corto plazo es desafiante: el calendario no afloja. En febrero vencen cerca de USD 1.000 millones; en marzo, otros USD 800 millones; y en junio, la cifra vuelve a escalar a más de USD 4.000 millones. A esto se suma la velocidad con la que el Tesoro consume divisas para mantener la estabilidad cambiaria: según cifras del mercado, en las últimas semanas se vendieron más de USD 150 millones para evitar que se dispare el dólar. A ese ritmo de intervención, el equivalente al valor de todo el complejo hidroeléctrico del Comahue se consumiría en menos de un mes de operaciones cambiarias.
La premura del proceso ha levantado fuertes críticas desde la oposición y los representantes provinciales. Uno de los puntos más polémicos fue la tasación de las represas. Los senadores patagónicos Martín Doñate y Silvia Sapag denunciaron que el valor fijado por el Estado estuvo muy por debajo de los números reales del negocio hidroeléctrico. En los despachos del Senado, la maniobra es calificada directamente como una «liquidación por urgencia financiera», sugiriendo que el precio de venta fue sacrificado en pos de la liquidez inmediata.
