En el marco del juicio oral por la denominada «Causa de los Cuadernos», específicamente en el tramo identificado como «La Camarita», la Unidad de Información Financiera (UIF) y la querella presentaron este viernes cargos contundentes contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. La acusación sostiene que la exmandataria encabezó una estructura piramidal de recaudación de coimas basada en la cartelización de la obra pública durante su gestión.
El esquema de las «175 oportunidades»
Según consta en las actas judiciales leídas ante el Tribunal Oral Federal N° 7 (TOF 7), la Justicia ha identificado un total de 175 pagos ilegales entregados a la entonces presidenta. El mecanismo de recaudación se basaba en un sistema de «retornos», mediante el cual los empresarios beneficiados con contratos estatales devolvían entre el 10% y el 20% del valor total de las obras adjudicadas.
En este tramo específico de la investigación, las cifras reveladas son significativas: se le atribuye haber recibido más de 171 millones de pesos y 613.000 dólares en efectivo. La acusación se fundamenta en gran medida en el testimonio de los «arrepentidos», destacando el listado aportado por el financista Ernesto Clarens, quien detalló con precisión fechas, montos y lugares de entrega. Según el testimonio, el destino final del dinero eran los domicilios particulares de la familia Kirchner y la Quinta de Olivos.
La situación de Máximo y Florencia Kirchner
La complicación judicial se extiende a los hijos de la expresidenta, cuya situación se ha agravado tras la interconexión de las causas Vialidad, Hotesur y Los Sauces. La Justicia sostiene que Máximo y Florencia Kirchner participaron activamente en las empresas familiares utilizadas para «blanquear» el dinero proveniente de las coimas a través de alquileres simulados de plazas hoteleras y propiedades inmuebles.
En este esquema, Máximo Kirchner es señalado en calidad de organizador, mientras que Florencia Kirchner es investigada por su rol operativo tras el fallecimiento de Néstor Kirchner. Como consecuencia de estas maniobras, el pasado 18 de noviembre de 2025, el TOF 2 ordenó un decomiso histórico de bienes por un valor actualizado de 685.000 millones de pesos.
Ratificación del decomiso y estado procesal
La medida judicial afecta directamente a los hijos de la exmandataria, ya que incluye 19 propiedades que les fueron cedidas por su madre como adelanto de herencia. La Justicia considera probado que dichos bienes fueron adquiridos con fondos de origen ilícito. Recientemente, el tribunal rechazó los recursos de apelación presentados por la defensa, que intentaba excluir estos activos alegando que eran «lícitos» y de carácter sucesorio. Con esta resolución, se mantiene el embargo sobre departamentos y parcelas ubicadas en Santa Cruz y Buenos Aires.
Actualmente, Cristina Kirchner se encuentra cumpliendo el régimen de prisión domiciliaria tras la confirmación de su condena en la Causa Vialidad por administración fraudulenta. Durante la audiencia número 11 del juicio de Cuadernos, la querella de la UIF fue tajante al afirmar: «Existía un aceitado circuito de recaudación que funcionaba en forma piramidal, siendo los destinatarios finales de los pagos los ex presidentes».
<p>La Unidad de Información Financiera y la querella presentaron cargos contra la expresidenta Cristina Kirchner en el marco de la «Causa de los Cuadernos». La acusación identifica 175 pagos ilegales por un total de 171 millones de pesos y 613.000 dólares. El proceso incluye el decomiso de bienes por 685.000 millones de pesos, afectando también a Máximo y Florencia Kirchner por presunto lavado de activos.</p>
Resumen generado automáticamente por inteligencia artificial
Si a usted le cuesta horrores juntar tres sellos en la tarjeta de fidelidad de su cafetería amiga para ganarse un muffin rancio, imagínese el nivel de compromiso logístico, disciplina y, por qué no, entrenamiento cardiovascular que se requiere para coordinar 175 pagos ilegales. Estamos ante una verdadera maratón de la recaudación que dejaría a cualquier servicio de delivery como una banda de aficionados en bicicleta. Mientras el ciudadano promedio pelea contra la inflación para pagar el abono del celular, la justicia argentina nos revela que en las altas esferas se manejaba un programa de recompensas que no entregaba millas de viajero frecuente, sino bolsas repletas de dólares y pesos con destino a domicilios particulares y a la mismísima Quinta de Olivos. Es un nivel de productividad que cualquier empresa de logística envidiaría, operando con una precisión que solo la sed de «retornos» puede inspirar en el alma humana.
El financista Ernesto Clarens se ha convertido en el guía turístico más bizarro de la historia judicial, señalando fechas, montos y lugares con la exactitud de un GPS poseído por el espíritu de la transparencia tardía. Es fascinante observar cómo la estructura familiar se transforma en un holding de la hospitalidad simulada, donde los hoteles no necesitan huéspedes reales si tienen el flujo constante de las coimas para mantener las sábanas calientes. Máximo y Florencia Kirchner ahora se encuentran atrapados en un laberinto de «adelantos de herencia» que la justicia ha decidido llamar por su nombre: un botín de 685.000 millones de pesos que ahora vuelve a las manos del Estado, o al menos eso dice la teoría, porque en este país el dinero tiene la mala costumbre de evaporarse más rápido que las promesas de campaña. La defensa intentó argumentar que esos departamentos en Santa Cruz eran ahorros legítimos, como quien guarda el cambio de las compras en un frasquito, pero el tribunal no parece estar de humor para cuentos de hadas patagónicos.
La situación es tan surrealista que ya no sabemos si estamos leyendo un expediente judicial o el guion de una serie de televisión que fue cancelada por ser demasiado inverosímil. Mientras la exmandataria cumple su prisión domiciliaria, monitoreada como si fuera una pieza de museo de alta peligrosidad, el país asiste al desfile de cifras que marearían a un contador de la NASA. 613.000 dólares en efectivo, 171 millones de pesos y un esquema piramidal que haría llorar de emoción a los creadores de las estafas Ponzi más famosas. Al final del día, lo único que queda claro es que en la Argentina la realidad no solo supera a la ficción, sino que la pasa por encima a bordo de un auto oficial con el baúl cargado, recordándonos que el verdadero «asado para todos» era, en realidad, un banquete exclusivo para quienes tenían la llave de la obra pública y el cuaderno de notas siempre a mano.
Contenido humorístico generado por inteligencia artificial
En el marco del juicio oral por la denominada «Causa de los Cuadernos», específicamente en el tramo identificado como «La Camarita», la Unidad de Información Financiera (UIF) y la querella presentaron este viernes cargos contundentes contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. La acusación sostiene que la exmandataria encabezó una estructura piramidal de recaudación de coimas basada en la cartelización de la obra pública durante su gestión.
El esquema de las «175 oportunidades»
Según consta en las actas judiciales leídas ante el Tribunal Oral Federal N° 7 (TOF 7), la Justicia ha identificado un total de 175 pagos ilegales entregados a la entonces presidenta. El mecanismo de recaudación se basaba en un sistema de «retornos», mediante el cual los empresarios beneficiados con contratos estatales devolvían entre el 10% y el 20% del valor total de las obras adjudicadas.
En este tramo específico de la investigación, las cifras reveladas son significativas: se le atribuye haber recibido más de 171 millones de pesos y 613.000 dólares en efectivo. La acusación se fundamenta en gran medida en el testimonio de los «arrepentidos», destacando el listado aportado por el financista Ernesto Clarens, quien detalló con precisión fechas, montos y lugares de entrega. Según el testimonio, el destino final del dinero eran los domicilios particulares de la familia Kirchner y la Quinta de Olivos.
La situación de Máximo y Florencia Kirchner
La complicación judicial se extiende a los hijos de la expresidenta, cuya situación se ha agravado tras la interconexión de las causas Vialidad, Hotesur y Los Sauces. La Justicia sostiene que Máximo y Florencia Kirchner participaron activamente en las empresas familiares utilizadas para «blanquear» el dinero proveniente de las coimas a través de alquileres simulados de plazas hoteleras y propiedades inmuebles.
En este esquema, Máximo Kirchner es señalado en calidad de organizador, mientras que Florencia Kirchner es investigada por su rol operativo tras el fallecimiento de Néstor Kirchner. Como consecuencia de estas maniobras, el pasado 18 de noviembre de 2025, el TOF 2 ordenó un decomiso histórico de bienes por un valor actualizado de 685.000 millones de pesos.
Ratificación del decomiso y estado procesal
La medida judicial afecta directamente a los hijos de la exmandataria, ya que incluye 19 propiedades que les fueron cedidas por su madre como adelanto de herencia. La Justicia considera probado que dichos bienes fueron adquiridos con fondos de origen ilícito. Recientemente, el tribunal rechazó los recursos de apelación presentados por la defensa, que intentaba excluir estos activos alegando que eran «lícitos» y de carácter sucesorio. Con esta resolución, se mantiene el embargo sobre departamentos y parcelas ubicadas en Santa Cruz y Buenos Aires.
Actualmente, Cristina Kirchner se encuentra cumpliendo el régimen de prisión domiciliaria tras la confirmación de su condena en la Causa Vialidad por administración fraudulenta. Durante la audiencia número 11 del juicio de Cuadernos, la querella de la UIF fue tajante al afirmar: «Existía un aceitado circuito de recaudación que funcionaba en forma piramidal, siendo los destinatarios finales de los pagos los ex presidentes».
Si a usted le cuesta horrores juntar tres sellos en la tarjeta de fidelidad de su cafetería amiga para ganarse un muffin rancio, imagínese el nivel de compromiso logístico, disciplina y, por qué no, entrenamiento cardiovascular que se requiere para coordinar 175 pagos ilegales. Estamos ante una verdadera maratón de la recaudación que dejaría a cualquier servicio de delivery como una banda de aficionados en bicicleta. Mientras el ciudadano promedio pelea contra la inflación para pagar el abono del celular, la justicia argentina nos revela que en las altas esferas se manejaba un programa de recompensas que no entregaba millas de viajero frecuente, sino bolsas repletas de dólares y pesos con destino a domicilios particulares y a la mismísima Quinta de Olivos. Es un nivel de productividad que cualquier empresa de logística envidiaría, operando con una precisión que solo la sed de «retornos» puede inspirar en el alma humana.
El financista Ernesto Clarens se ha convertido en el guía turístico más bizarro de la historia judicial, señalando fechas, montos y lugares con la exactitud de un GPS poseído por el espíritu de la transparencia tardía. Es fascinante observar cómo la estructura familiar se transforma en un holding de la hospitalidad simulada, donde los hoteles no necesitan huéspedes reales si tienen el flujo constante de las coimas para mantener las sábanas calientes. Máximo y Florencia Kirchner ahora se encuentran atrapados en un laberinto de «adelantos de herencia» que la justicia ha decidido llamar por su nombre: un botín de 685.000 millones de pesos que ahora vuelve a las manos del Estado, o al menos eso dice la teoría, porque en este país el dinero tiene la mala costumbre de evaporarse más rápido que las promesas de campaña. La defensa intentó argumentar que esos departamentos en Santa Cruz eran ahorros legítimos, como quien guarda el cambio de las compras en un frasquito, pero el tribunal no parece estar de humor para cuentos de hadas patagónicos.
La situación es tan surrealista que ya no sabemos si estamos leyendo un expediente judicial o el guion de una serie de televisión que fue cancelada por ser demasiado inverosímil. Mientras la exmandataria cumple su prisión domiciliaria, monitoreada como si fuera una pieza de museo de alta peligrosidad, el país asiste al desfile de cifras que marearían a un contador de la NASA. 613.000 dólares en efectivo, 171 millones de pesos y un esquema piramidal que haría llorar de emoción a los creadores de las estafas Ponzi más famosas. Al final del día, lo único que queda claro es que en la Argentina la realidad no solo supera a la ficción, sino que la pasa por encima a bordo de un auto oficial con el baúl cargado, recordándonos que el verdadero «asado para todos» era, en realidad, un banquete exclusivo para quienes tenían la llave de la obra pública y el cuaderno de notas siempre a mano.