El Gobierno nacional oficializó este jueves 29 de mayo, mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 366/2025, una profunda reforma migratoria que introduce cambios significativos en la política de ingreso, permanencia y acceso a servicios públicos para extranjeros en Argentina.
Principales cambios en la normativa migratoria
Ingreso y permanencia:
Deportaciones aceleradas:
Acceso limitado a servicios públicos:
Ciudadanía y residencia más estrictas:
Datos clave revelados en la resolución oficial
La fundamentación del decreto expone estadísticas relevantes sobre la situación migratoria actual:
Endurecimiento de requisitos para ingreso y permanencia
La nueva normativa establece que serán rechazadas las solicitudes de ingreso de personas con antecedentes penales, incluso con condenas menores. Además, aquellos que ingresen por pasos fronterizos no habilitados o presenten información falsa en declaraciones juradas serán expulsados del país. Los inmigrantes condenados por delitos serán deportados automáticamente, sin importar la gravedad de la condena, y se acortan los plazos administrativos para ejecutar estas expulsiones, con un límite máximo de retención preventiva de hasta 60 días.
Restricciones en el acceso a salud y educación
Solo los extranjeros con residencia permanente mantendrán acceso gratuito al sistema público de salud. El resto deberá contar con seguro médico o pagar directamente los servicios, salvo en casos de emergencia. En el ámbito educativo, las universidades nacionales podrán cobrar aranceles a extranjeros sin residencia permanente, modificando la tradición de educación superior gratuita para todos.
Nuevos criterios para obtención de ciudadanía
Para obtener la ciudadanía por naturalización, será requisito haber residido en el país de manera continua por al menos 2 años, sin salidas al exterior. Además, se exigirá acreditación estricta de medios económicos suficientes y ausencia de antecedentes penales para acceder a la residencia permanente.
Creación de la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión
El decreto también establece la creación de la «Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión», que dependerá del Ministerio de Economía. Esta agencia facilitará el acceso a la nacionalidad argentina para extranjeros que realicen inversiones relevantes en el país, con el objetivo de atraer capitales extranjeros mediante facilidades especiales en la obtención de ciudadanía.
Reacciones y posibles conflictos
Se anticipa una fuerte reacción de organizaciones defensoras de derechos humanos y colectivos migrantes, que prevén recurrir judicialmente contra la medida. El Congreso tendrá 10 días hábiles para que la Comisión Bicameral revise el decreto, pudiendo validarlo o recomendar su derogación, lo que podría generar un escenario de conflicto político y judicial en las próximas semanas.
