La Justicia federal avanza sobre un posible entramado de corrupción que involucra a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), empresas privadas de servicios financieros y presuntas maniobras de blanqueo de capitales. En las últimas horas, por orden del juez federal Sebastián Casanello, la Policía Federal Argentina (PFA) allanó la sede de Sur Finanzas PSP en Adrogué, en busca de documentación clave. El operativo, autorizado por el Juzgado Federal N.º 11, se centró en la empresa financiera que habría sido utilizada para movilizar fondos millonarios en el marco de la causa que involucra a los empresarios Miguel Ángel Calvete y Alan Pocoví.
Chats, criptomonedas y sospechas
El fiscal Juan Ignacio Picardi apunta a reconstruir la ruta del dinero a través de intercambios de mensajes entre Calvete y Pocoví. Según consta en el expediente, ambos habrían coordinado transferencias de importantes sumas tanto en moneda local como extranjera. Parte de esos fondos habrían sido, presuntamente, invertidos en criptomonedas. Además, el dictamen detalla que Calvete actuaba como “conector entre ANDIS y el sector privado vinculado a la salud”, gestionando pagos y cobros. Pocoví, en tanto, es señalado como uno de los operadores encargados del supuesto blanqueo del dinero.
Una trama que roza otros nombres
Durante la investigación apareció mencionado Ariel Vallejo, financista cercano a Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA. Si bien Vallejo es investigado por otras causas, la Justicia aclaró que no está vinculado directamente al expediente ANDIS, aunque sí a la empresa Sur Finanzas, donde se realizó el allanamiento. El objetivo de la pesquisa es confirmar si efectivamente la financiera operó como plataforma para canalizar recursos ilegales, y establecer el origen y destino final de los fondos. Con pruebas documentales y pericias en curso, la Justicia intenta desentrañar el circuito económico detrás de una causa que, aunque comenzó en el ámbito de la discapacidad, terminó conectando con nombres pesados del mundo empresarial y deportivo
La Justicia federal investiga una presunta red de lavado vinculada a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). En el centro del caso están Miguel Ángel Calvete y Alan Pocoví, acusados de movilizar millones a través de Sur Finanzas PSP. La PFA allanó su sede en Adrogué y busca reconstruir la ruta del dinero.
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Contenido humorístico generado por inteligencia artificial
La Justicia federal avanza sobre un posible entramado de corrupción que involucra a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), empresas privadas de servicios financieros y presuntas maniobras de blanqueo de capitales. En las últimas horas, por orden del juez federal Sebastián Casanello, la Policía Federal Argentina (PFA) allanó la sede de Sur Finanzas PSP en Adrogué, en busca de documentación clave. El operativo, autorizado por el Juzgado Federal N.º 11, se centró en la empresa financiera que habría sido utilizada para movilizar fondos millonarios en el marco de la causa que involucra a los empresarios Miguel Ángel Calvete y Alan Pocoví.
Chats, criptomonedas y sospechas
El fiscal Juan Ignacio Picardi apunta a reconstruir la ruta del dinero a través de intercambios de mensajes entre Calvete y Pocoví. Según consta en el expediente, ambos habrían coordinado transferencias de importantes sumas tanto en moneda local como extranjera. Parte de esos fondos habrían sido, presuntamente, invertidos en criptomonedas. Además, el dictamen detalla que Calvete actuaba como “conector entre ANDIS y el sector privado vinculado a la salud”, gestionando pagos y cobros. Pocoví, en tanto, es señalado como uno de los operadores encargados del supuesto blanqueo del dinero.
Una trama que roza otros nombres
Durante la investigación apareció mencionado Ariel Vallejo, financista cercano a Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA. Si bien Vallejo es investigado por otras causas, la Justicia aclaró que no está vinculado directamente al expediente ANDIS, aunque sí a la empresa Sur Finanzas, donde se realizó el allanamiento. El objetivo de la pesquisa es confirmar si efectivamente la financiera operó como plataforma para canalizar recursos ilegales, y establecer el origen y destino final de los fondos. Con pruebas documentales y pericias en curso, la Justicia intenta desentrañar el circuito económico detrás de una causa que, aunque comenzó en el ámbito de la discapacidad, terminó conectando con nombres pesados del mundo empresarial y deportivo