Los gobernadores provinciales llegaron a la reunión con el Ejecutivo nacional con expectativas claras: escuchar las prioridades del Gobierno y abrir una instancia de diálogo que pueda derivar en encuentros bilaterales más específicos. En la agenda, el Presupuesto ocupa el lugar central, seguido por las reformas laboral y tributaria, ejes estratégicos que marcarán el rumbo económico de los próximos meses.
Presión provincial con agenda propia
Desde las provincias destacan que esta primera cumbre no será de confrontación, pero tampoco de sumisión. “Vamos a acompañar todo lo que entendemos que está bien y todas las reformas que hay que llevar adelante. La laboral, la impositiva…”, señaló Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fe, quien anticipó su postura con claridad.
“No podemos tener la carga tributaria que tiene hoy la República Argentina. Hay impuestos que hay que eliminar, como el impuesto al cheque, las retenciones y muchos impuestos más…”, añadió. Y subrayó: “Hay que tener mejores leyes laborales. No solamente para los empresarios, con una mirada PyME, sino también para los trabajadores, para generar empleo… siempre defendiendo al interior productivo”.
Este enfoque es compartido por otros mandatarios del bloque Provincias Unidas —que incluye a Pullaro, Martín Llaryora (Córdoba), Gustavo Valdés (Corrientes), Carlos Sadir (Jujuy), Claudio Vidal (Santa Cruz) y Nacho Torres (Chubut)—, quienes buscan consolidar un espacio común con potencial para reunir entre 17 y 25 diputados. Ese número sería clave para el oficialismo a la hora de construir mayorías en el Congreso.
Un nuevo tono, viejas dudas
El Gobierno también convocó a mandatarios con afinidad variable: Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gustavo Sáenz (Salta) y Hugo Passalacqua (Misiones), además de aliados firmes como Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Leandro Zdero (Chaco) y Alfredo Cornejo (Mendoza).
Entre los reclamos que concentran consenso aparecen el financiamiento provincial en el Presupuesto, los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), la reactivación de la obra pública —especialmente la vial— y la distribución del Impuesto a los Combustibles Líquidos. Si bien algunos gobernadores admiten un cambio de tono por parte del Ejecutivo, las dudas persisten sobre la verdadera disposición del presidente Milei a ceder terreno político.
El factor externo: Estados Unidos y la presión del Tesoro
La Casa Rosada no solo busca acuerdos internos: quiere sumar a los gobernadores a las negociaciones con Estados Unidos en el marco de un ambicioso programa de inversiones. La intención es replicar el espíritu del Pacto de Mayo —que en 2024 logró el apoyo de 18 mandatarios— para garantizar respaldo político a las reformas estructurales que exige el nuevo rumbo económico.
En paralelo, el Ejecutivo trabaja para conformar un interbloque parlamentario junto al PRO, la UCR y legisladores federales, con el objetivo de reforzar su poder legislativo una vez reconfiguradas las bancas. Esta sería la primera señal formal de gobernabilidad que se busca transmitir a los mercados y al Gobierno de Estados Unidos.
Desde Balcarce 50 reconocen que uno de los condicionamientos planteados por la administración de Donald Trump —a través de su asesor financiero Scott Bessent— para habilitar asistencia económica del Tesoro estadounidense es demostrar capacidad de acuerdos políticos internos. Ese programa podría incluir un desembolso de hasta 40 mil millones de dólares. Mientras tanto, el Banco Central ya confirmó un swap por 20 mil millones, aunque sin mayores precisiones técnicas hasta el momento.
