El Gobierno Nacional derogó un total de 71 normas comerciales, entre resoluciones y sus respectivas modificatorias, que regulaban distintos aspectos del comercio, los precios y la producción. La medida se oficializó este miércoles 24 de septiembre a través de la Resolución 357/2025 publicada en el Boletín Oficial.
Entre las disposiciones eliminadas se encuentran normativas relacionadas con la Ley de Góndolas, la ya desactivada Ley de Abastecimiento, el programa Precios Justos y otras herramientas de control aplicadas en años anteriores.
Qué normas se eliminaron y por qué
Según detalló la Secretaría de Comercio, la decisión abarca:
- 27 normas complementarias a la Ley de Abastecimiento, ya derogada parcialmente en gestiones anteriores.
- 24 resoluciones ligadas al disuelto Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo (COPREC).
- 20 normativas asociadas a programas como Precios Justos, El Mercado en tu Barrio, la Ley de Góndolas y estímulos a pequeños productores de granos.
El Ejecutivo argumentó que varias de estas regulaciones exigían información “sin fines razonables”, establecían controles de precios ya inoperantes o respondían a situaciones excepcionales como la pandemia de covid-19.
Objetivos y beneficios que promete la medida
Desde la Secretaría de Comercio aseguraron que esta iniciativa forma parte del proceso de simplificación normativa iniciado con la sanción de la Ley Bases. El objetivo es reducir la burocracia, eliminar regulaciones ineficientes y brindar un marco más ágil y predecible al comercio interno.
“Buscamos reglas más claras, menos controles arbitrarios y un entorno comercial transparente”, indicaron fuentes oficiales.
La medida también apunta a descomprimir cargas administrativas sobre empresas y emprendedores, especialmente en sectores como el agro y la producción minorista, que arrastraban regulaciones superpuestas desde 1974 hasta 2023.
Con esta resolución, el Gobierno refuerza su postura de desregular la economía y revisar los mecanismos de intervención estatal heredados de distintas gestiones anteriores.
El Gobierno Nacional derogó 71 normas comerciales mediante la Resolución 357/2025, entre ellas regulaciones vinculadas a la Ley de Góndolas, la Ley de Abastecimiento y programas como Precios Justos. La medida busca simplificar el marco normativo y reducir controles considerados obsoletos o ineficaces.
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El Gobierno Nacional derogó un total de 71 normas comerciales, entre resoluciones y sus respectivas modificatorias, que regulaban distintos aspectos del comercio, los precios y la producción. La medida se oficializó este miércoles 24 de septiembre a través de la Resolución 357/2025 publicada en el Boletín Oficial.
Entre las disposiciones eliminadas se encuentran normativas relacionadas con la Ley de Góndolas, la ya desactivada Ley de Abastecimiento, el programa Precios Justos y otras herramientas de control aplicadas en años anteriores.
Qué normas se eliminaron y por qué
Según detalló la Secretaría de Comercio, la decisión abarca:
- 27 normas complementarias a la Ley de Abastecimiento, ya derogada parcialmente en gestiones anteriores.
- 24 resoluciones ligadas al disuelto Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo (COPREC).
- 20 normativas asociadas a programas como Precios Justos, El Mercado en tu Barrio, la Ley de Góndolas y estímulos a pequeños productores de granos.
El Ejecutivo argumentó que varias de estas regulaciones exigían información “sin fines razonables”, establecían controles de precios ya inoperantes o respondían a situaciones excepcionales como la pandemia de covid-19.
Objetivos y beneficios que promete la medida
Desde la Secretaría de Comercio aseguraron que esta iniciativa forma parte del proceso de simplificación normativa iniciado con la sanción de la Ley Bases. El objetivo es reducir la burocracia, eliminar regulaciones ineficientes y brindar un marco más ágil y predecible al comercio interno.
“Buscamos reglas más claras, menos controles arbitrarios y un entorno comercial transparente”, indicaron fuentes oficiales.
La medida también apunta a descomprimir cargas administrativas sobre empresas y emprendedores, especialmente en sectores como el agro y la producción minorista, que arrastraban regulaciones superpuestas desde 1974 hasta 2023.
Con esta resolución, el Gobierno refuerza su postura de desregular la economía y revisar los mecanismos de intervención estatal heredados de distintas gestiones anteriores.