El Gobierno intervendrá obras sociales sindicales tras detectar irregularidades

Redacción Cuyo News
7 min

En una nueva avanzada por reordenar el sistema de salud argentino, el Gobierno nacional declaró oficialmente en crisis a dos obras sociales vinculadas al ámbito hípico: la Obra Social del Personal de los Hipódromos de Buenos Aires y San Isidro y la Obra Social del Personal Mensualizado del Jockey Club de Buenos Aires y los Hipódromos de Palermo y San Isidro.

La medida fue formalizada mediante las resoluciones 1643/2025 y 1644/2025, publicadas este martes en el Boletín Oficial por la Superintendencia de Servicios de Salud, que identificó múltiples irregularidades en los aspectos prestacionales, contables, jurídicos e institucionales, así como en la atención a los beneficiarios. Según detallaron, ambas entidades “presentaron factores de criticidad superiores a los valores límite establecidos para su funcionamiento”.

Plazo perentorio y control estatal

Ante esta situación, el organismo intimó a las obras sociales a presentar un plan de contingencia en un plazo no mayor a 15 días. Este deberá incluir metas trimestrales y un esquema de acciones concretas de implementación inmediata. La evaluación y seguimiento del proceso estará a cargo del Comité de Evaluación y Seguimiento de Crisis y Liquidación de los Agentes del Seguro de Salud.

Desde el Ejecutivo remarcaron que la decisión “se enmarca en el proceso de reordenamiento del sistema de salud impulsado desde el inicio de la gestión”, con el objetivo de “resguardar la sustentabilidad de los Agentes y garantizar el acceso a servicios de calidad para los beneficiarios”.

Un sistema bajo lupa

Las dos obras sociales no son las únicas intervenidas recientemente. Días atrás, el Gobierno declaró también en crisis a la Obra Social Asociación Mutual Metalúrgica Villa Constitución, que deberá cumplir las mismas exigencias en cuanto a planificación y control. La intervención se da en un contexto de creciente fiscalización sobre las entidades sindicales de salud.

En junio, fue disuelta la Obra Social del Personal de la Industria Botonera (OSPIB), al detectarse una crisis institucional y financiera insalvable. Contaba con apenas 50 afiliados y no logró superar los estándares mínimos requeridos. Similar fue el caso de la Obra Social del Personal Aduanero (OSPAD), eliminada del Registro Nacional por carecer de afiliados y ser considerada un “sello de goma”.

Otras entidades en la cuerda floja

El listado de obras sociales en situación de crisis incluye a:

  • Obra Social del Personal de la Industria del Fósforo, Encendido y Afines (OFPIF)
  • Obra Social del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas
  • Obra Social de Agentes de Propaganda Médica de Entre Ríos (Osapm Entre Ríos)
  • Obra Social de Técnicos de Fútbol (Ostecf)
  • Obra Social de Volkswagen Argentina
  • Obra Social de Fedecámaras (Osf)
  • Obra Social de Empleados de Prensa de Córdoba
  • Obra Social de Peones de Taxis de Rosario
  • Obra Social de Seguridad Comercial, Industrial e Investigaciones Privadas
  • Obra Social del Personal de Prensa de Mendoza
  • Obra Social del Personal del Azúcar del Ingenio Ledesma

El Gobierno nacional sostiene que el eje de estas medidas es proteger la transparencia del sistema y promover una competencia real entre prestadores, brindando a los ciudadanos más opciones para decidir dónde derivar sus aportes.

Nuevo paradigma de elección

El marco de este proceso de reestructuración está dado por el decreto 170/2024, que permite a los trabajadores elegir directamente la obra social o prepaga a la que dirigirán sus aportes, sin necesidad de pasar por una entidad sindical como intermediaria.

La norma impacta en más de 14 millones de personas, incluyendo asalariados, monotributistas y empleadas de casas particulares, así como a los más de cinco millones de beneficiarios del sistema general. En la práctica, esto ha alterado el flujo de financiamiento de muchas obras sociales y acentuado la competencia con el sector de la medicina prepaga.

El proceso sigue su curso con inspecciones y relevamientos que apuntan a detectar irregularidades estructurales. La consigna es clara: las entidades que no puedan sostener sus operaciones en condiciones legales y sanitarias adecuadas, serán reformuladas o disueltas.

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