El oficialismo de la Cámara de Diputados no consiguió cerrar los acuerdos necesarios con bloques aliados y dialoguistas para avanzar con el dictamen del proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional. Como consecuencia, el plenario de comisiones fue postergado para la próxima semana y la iniciativa no formará parte de la sesión prevista para mañana.

Las diferencias entre los bloques abarcan distintos puntos del texto y no se concentran exclusivamente en el controvertido artículo 111. Entre las principales objeciones aparecen las facultades otorgadas al Poder Ejecutivo, los protocolos vinculados con aeronaves y embarcaciones y la falta de definiciones técnicas precisas sobre determinados conceptos incluidos en la propuesta.

Cuestionamientos por desinformación y seguridad nacional

Uno de los artículos que concentra mayores reparos es el 111, que establece sanciones ante la ‘manipulación de la opinión pública’ mediante ‘campañas de desinformación masiva’, la ‘alteración de procesos electorales’ y la colaboración con tareas de ‘sabotaje’ al orden público.

Los cuestionamientos también alcanzan la concentración de atribuciones en el Poder Ejecutivo a través del Consejo de Seguridad Nacional, además de los protocolos para el derribo de aeronaves y el hundimiento de buques.

Otro de los puntos señalados es la falta de precisión sobre los criterios que permitirían determinar qué constituye una ‘amenaza externa’ o una ‘actividad terrorista’. Las objeciones plantean que definiciones demasiado amplias podrían generar controversias respecto de su aplicación y de los límites entre la Defensa Nacional y la Seguridad Interior.

Penas por explotación de recursos en Malvinas

El proyecto establece un endurecimiento de las sanciones contra quienes participen en la explotación o cooperación para la explotación de recursos naturales en las islas Malvinas y los espacios marítimos e insulares circundantes sin autorización de la Argentina.

Las penas previstas pueden alcanzar los 20 años de prisión e incluyen también la posibilidad de impedir que las empresas involucradas continúen operando en territorio argentino.

La iniciativa reemplazaría la actual ley 26.659 y ampliaría las prohibiciones existentes. El alcance dejaría de estar limitado a los hidrocarburos y comprendería cualquier aprovechamiento no autorizado de recursos naturales renovables y no renovables.

También se contempla la creación de un registro público de infractores. Tanto el Estado como los particulares tendrían prohibido contratar con las personas o empresas incluidas en ese listado.

Además, el proyecto incorpora la posibilidad de aplicar el juicio en ausencia para los delitos contemplados dentro de la nueva normativa.

Un Consejo de Seguridad Nacional con amplias facultades

Otro de los ejes centrales de la iniciativa es la creación de un Consejo de Seguridad Nacional encabezado por el presidente e integrado de manera permanente por el jefe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, la SIDE y la Secretaría Legal y Técnica.

El organismo tendría a su cargo la coordinación estratégica de las áreas diplomática, económica, militar, jurídica, cibernética y de inteligencia. También intervendría en la protección de infraestructuras consideradas críticas.

Ante una amenaza grave e inminente, el Consejo de Seguridad Nacional podría disponer distintas medidas de emergencia, entre ellas restricciones a operaciones cambiarias y financieras, bloqueo temporal de fondos y activos, suspensión de autorizaciones o contrataciones y limitaciones a importaciones y exportaciones.

El proyecto contempla además la posibilidad de elevar temporalmente derechos aduaneros. El alcance de estas atribuciones forma parte de las discusiones que impidieron alcanzar un acuerdo entre el oficialismo y los bloques que podían acompañar el dictamen.

Con la postergación del plenario, el oficialismo tendrá ahora una semana adicional para negociar modificaciones y buscar los consensos necesarios antes de intentar nuevamente avanzar con el proyecto en la Cámara de Diputados