El Ejecutivo nacional avanza con la revisión de Pensiones No Contributivas por Discapacidad Laboral (PNCDL) otorgadas en gobiernos anteriores, bajo el supuesto de irregularidades en su concesión. En lo que va del proceso, se dieron de baja más de 110.522 pensiones, además de otras 8.107 por fallecimiento de beneficiarios y 10.038 por renuncias voluntarias.
La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) lanzó una licitación para contratar hasta 720.000 envíos de cartas documento a lo largo del país, con el fin de notificar posibles suspensiones y exigir que los beneficiarios presenten la documentación que justifique la pensión.
Según explicaron desde el Gobierno, la logística contempla plazos rígidos: entrega en 48 horas hábiles, reintento al día siguiente si no llega y devolución tras cinco días si no hay respuesta.
Un ajuste que busca ahorrar $35 mil millones mensuales
ANDIS sostiene que el presunto desvío de fondos por pensiones por invalidez laboral podría alcanzar los 1.000 millones de dólares al año, y que la baja de prestaciones generaría un ahorro estimado de 35.000 millones de pesos mensuales.
El proceso no está exento de dificultades: un 60 % de los beneficiarios no presentó la documentación requerida, y hay domicilios que no pudieron ser localizados.
Entre las irregularidades detectadas, se mencionan casos como radiografías idénticas para múltiples beneficiarios, uso repetido de estudios médicos o pensiones otorgadas con documentos falsos o en actos políticos.
La disputa detrás del veto a la Ley de Emergencia
Mientras tanto, el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad sigue generando tensiones. La normativa buscaba regularizar pagos y actualizar aranceles para prestadores del sector, sin incrementos desde noviembre de 2024.
La emergencia fijada en esa ley regiría hasta fines de 2027 e implicaba reformas en el sistema de pensiones y cambios en la gestión de ANDIS.
Desde el oficialismo defienden la auditoría como una medida de orden fiscal y transparencia. Sin embargo, organizaciones sociales y sectores de la oposición cuestionan el impacto social de una política que, según advierten, podría dejar sin sustento a personas en situación vulnerable.
