Un nuevo capítulo de tensiones se abrió entre el Congreso y el Poder Judicial tras la decisión del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi de rechazar el pedido para hacer comparecer por la fuerza pública a funcionarios del Gobierno de Javier Milei citados por la Comisión Investigadora de la criptomoneda $Libra.
Los diputados que integran la comisión votaron apelar la resolución del magistrado y reiteraron que no detendrán la investigación “frente a la obstrucción del Gobierno y de otros poderes”. El presidente de la comisión, Maximiliano Ferraro (CC), cuestionó con dureza el fallo: “La decisión del juez vacía de eficacia práctica al poder de contralor político y pretende subordinar las atribuciones del Congreso a la discrecionalidad judicial”.
Ausencias reiteradas y tensiones institucionales
La comisión había solicitado el auxilio judicial para garantizar la presencia de Alejandro Melik (Oficina Anticorrupción), María Florencia Zicavo (Gabinete de Asesores del Ministerio de Justicia), Paulo Starc (Unidad de Investigaciones Financieras) y Roberto Emiliano Silva (Comisión Nacional de Valores), todos ellos citados en varias oportunidades sin presentarse.
Martínez de Giorgi consideró que sería “constitucionalmente inadmisible” que una comisión legislativa extendiera sus atribuciones a través de reglamentos internos sin respaldo legal. En su fallo, respaldado por el fiscal Eduardo Taiano, se advirtió que “el Poder Judicial no puede ser utilizado como herramienta de coerción para ejecutar las decisiones de una comisión investigadora”.
La diputada Sabrina Selva (UxP) cuestionó el accionar del fiscal y denunció una “obstrucción institucional” coordinada: “Tenemos un Poder Ejecutivo que encubre a estos funcionarios, y sería alarmante que la Justicia estuviera en sintonía con ese bloqueo”.
La respuesta del Congreso: apelar y exigir documentación
Ferraro recordó que el accionar de la comisión está amparado en el artículo 75 inciso 32 de la Constitución Nacional, que habilita al Congreso a dictar reglamentos para ejercer sus facultades. Además, reclamó el acceso a los expedientes judiciales, peritajes informáticos, y documentación enviada por el BCRA, CNV, UTI y la Oficina Anticorrupción.
El lunes 6 de octubre por la noche se conoció la resolución judicial, y ayer martes 7, nuevamente, ninguno de los funcionarios citados se presentó. Entre los ausentes estuvieron el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, el exasesor presidencial Demian Reidel y organizadores del evento Tech Forum, donde Javier Milei tuvo contacto directo con referentes del mundo cripto.
Finalmente, Ferraro comunicó públicamente que la comisión resolvió “apelar con reserva del caso federal” la decisión del juez, denunciando una situación inédita de negativa sistemática por parte de los funcionarios citados.
