Una nueva controversia sacude al gabinete nacional tras revelarse detalles sobre las contrataciones efectuadas por la Cancillería a favor de la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), entidad dirigida por la esposa del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Los registros oficiales indican que el Estado financió un total de 132 cursos de inglés, lo que representa un aumento exponencial del 1.200% en comparación con los servicios contratados en 2024, periodo en el que el actual ministro no formaba parte del Poder Ejecutivo.
Irregularidades en la contratación directa
Según los datos obtenidos de la plataforma oficial Comprar, existen cinco procesos de contratación directa realizados por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto a favor de la AACI. Si bien el vínculo comercial entre el Estado y esta asociación se remonta al año 2018 bajo la gestión de Mauricio Macri, el volumen de los contratos actuales ha generado sospechas sobre un posible conflicto de intereses y malversación de fondos públicos.
La situación se agrava ante la presunta falsedad ideológica en los pliegos de contratación. La entidad habría afirmado brindar un servicio exclusivo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para justificar la adjudicación directa sin licitación previa. No obstante, se ha verificado que al menos otros dos centros de enseñanza de renombre ofrecen prestaciones idénticas, lo que anularía el argumento de la exclusividad técnica exigida por la normativa vigente para evitar el concurso de precios.
Denuncia penal y actores implicados
La justicia federal ya tramita una denuncia penal contra Federico Sturzenegger, a la que ahora se suman elementos que complican la situación del canciller Pablo Quirno. La investigación judicial busca determinar si existió tráfico de influencias para favorecer a la asociación vinculada al entorno familiar del ministro, en un contexto donde el discurso oficial promueve la reducción del gasto público y la transparencia en las contrataciones estatales.
Hasta el momento, fuentes oficiales no han emitido un descargo formal respecto al incremento en la cantidad de cursos ni sobre la existencia de otras instituciones capaces de proveer el mismo servicio educativo, factores que se mantienen como los ejes centrales de la auditoría que recae sobre la Cancillería.
