En un movimiento que generó fuertes repercusiones en los tribunales de Comodoro Py, el juez federal Ariel Lijo quedó formalmente a cargo de la causa que investiga presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). La decisión se produjo tras un sorteo realizado por la Cámara Federal para cubrir la subrogancia del Juzgado Federal 11, desplazando de la investigación al magistrado Sebastián Casanello.
Un sorteo con ausencias y exclusiones
La designación de Lijo ocurrió apenas dos días después del procesamiento de Diego Spagnuolo, ex titular del organismo. Según trascendió, hasta el pasado martes se preveía que en el sorteo participaran también los jueces María Servini y Marcelo Martínez de Giorgi. Sin embargo, ambos magistrados solicitaron ser excluidos del proceso en las últimas horas, dejando el bolillero reducido a una elección entre Lijo y la jueza María Eugenia Capuchetti.
Este cambio de manos en el expediente interrumpe la línea de investigación que venía llevando adelante Casanello, quien se encontraba en condiciones de avanzar contra los directivos de la droguería Suizo Argentina, firma investigada como la presunta encargada de canalizar los pagos de coimas dentro de la agencia oficial.
Cuestionamientos y conflicto de intereses
La llegada de Lijo a la causa Andis no pasó inadvertida para el resto de los magistrados federales, especialmente debido a su perfil público y su relación con el actual Poder Ejecutivo. Cabe recordar que Lijo fue el candidato propuesto por el presidente Javier Milei para ocupar una vacante en la Corte Suprema de Justicia mediante un mecanismo de decreto que resultó infructuoso.
Fuentes judiciales expresaron su malestar ante esta designación, señalando un posible conflicto ético. «Lijo aceptó una designación ilegal a la Corte por decreto de este gobierno, debe ser apartado de todas las causas que vinculen a esta administración», afirmó un juez federal bajo condición de anonimato, reflejando el clima de tensión que impera en la justicia federal por el control de los expedientes que afectan directamente a la gestión nacional.
<p>Ariel Lijo asumió la subrogancia del Juzgado Federal 11, quedando a cargo de la causa Andis tras el procesamiento de Diego Spagnuolo. El desplazamiento de Sebastián Casanello se produjo mediante un sorteo de la Cámara Federal donde solo participaron Lijo y María Eugenia Capuchetti, luego de que otros jueces solicitaran ser excluidos, generando cuestionamientos por los vínculos del magistrado con el Ejecutivo.</p>
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Zappo te lo cuenta
En el fascinante ecosistema de Comodoro Py, las casualidades tienen la misma precisión que un reloj suizo, o mejor dicho, que una droguería Suizo Argentina. Justo cuando Sebastián Casanello le había tomado el gusto a la investigación de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y ya estaba a centímetros de los dueños de la caja, la Cámara Federal decidió que era hora de barajar y dar de nuevo. En un sorteo con menos suspenso que una rifa de jardín de infantes, Ariel Lijo se quedó con la causa apenas 48 horas después del procesamiento de Diego Spagnuolo. Es ese tipo de «suerte» que solo le ocurre a los elegidos o a quienes tienen el teléfono directo de la Casa Rosada en la marcación rápida.
Lo más tierno de esta coreografía judicial fue el bolillero. Originalmente, se esperaba que otros magistrados como Servini o Martínez de Giorgi participaran del evento, pero de repente les dio un ataque de timidez republicana y pidieron que los sacaran de la lista. Así, quedaron Lijo y María Eugenia Capuchetti mano a mano, en una final que tenía menos misterio que el resultado de un partido entre el Manchester City y el equipo de solteros contra casados de la esquina. Ganó Lijo, el juez que Milei intentó meter en la Corte Suprema por decreto y que ahora, casualmente, tendrá que investigar si los muchachos de este Gobierno hacían desaparecer billetes con la misma facilidad con la que él aparece en las ternas presidenciales.
Por supuesto, en los pasillos de Retiro el clima está más espeso que un guiso de lentejas en agosto. Algunos colegas de Lijo, esos que prefieren hablar bajo el confortable anonimato de «fuentes judiciales», ya están pidiendo que el hombre se aparte. Argumentan que haber aceptado una designación «ilegal» a la Corte por parte de la misma administración a la que ahora debe investigar es, como mínimo, un conflicto de intereses del tamaño de un glaciar. Pero ya sabemos cómo es esto: en el maravilloso mundo de Py, los expedientes no caminan, vuelan, especialmente cuando aterrizan en el despacho del juez de mayor peso específico del edificio, justo antes de que la investigación toque fibras demasiado sensibles para…
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