El Juzgado Federal Nº 2 de Catamarca hizo lugar a una medida cautelar y ordenó a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) restablecer la totalidad de las pensiones no contributivas por invalidez que fueron suspendidas en esa provincia. El organismo tiene un plazo de 24 horas para cumplir la resolución y deberá abonar los haberes retenidos a sus beneficiarios.
Una respuesta judicial a múltiples denuncias
La decisión fue tomada por el juez Guillermo Díaz Martínez en el marco de una acción de amparo promovida por el Defensor del Pueblo de Catamarca, beneficiarios particulares y una entidad de la sociedad civil. La resolución también exige que ANDIS se abstenga de efectuar nuevas suspensiones mientras se sustancia la causa judicial en curso.
Los amparistas argumentaron que las suspensiones se basaron en auditorías médicas irregulares y en el uso de parámetros normativos restrictivos, como el reciente Decreto 843/24, que reinstauró criterios más duros para acceder a estas prestaciones. También se señalaron graves deficiencias en las notificaciones enviadas por ANDIS, exigencias desproporcionadas para los traslados y plazos exiguos para presentar documentación.
Derechos vulnerados y fallas estructurales
Los denunciantes sostuvieron que estas condiciones afectaron seriamente el derecho a una defensa administrativa adecuada. En su fallo, Díaz Martínez destacó el carácter alimentario de las pensiones y la situación de extrema vulnerabilidad de la población afectada, lo que justifica la urgencia de la medida.
El juez también remarcó la legitimación del Defensor del Pueblo de Catamarca para actuar en nombre del grupo afectado, en línea con lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia a fines de agosto. En esa misma línea, advirtió sobre la vacancia prolongada en la Defensoría del Pueblo de la Nación y la ausencia de una ley que regule las acciones colectivas, lo que limita el acceso a la justicia en casos de afectación masiva de derechos.
Con esta medida, el Juzgado Federal establece un precedente importante en la defensa de derechos sociales fundamentales frente a decisiones administrativas cuestionadas.
