En una ofensiva legal de alcance nacional, 29 colegios de abogados presentaron una demanda ante el fuero Contencioso Administrativo Federal para solicitar la suspensión de artículos clave de la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei. Los letrados buscan demostrar que la normativa aprobada recientemente por el Congreso genera un perjuicio concreto en el derecho de defensa y en el ejercicio de la profesión.
Los puntos centrales de la demanda
La presentación, que cuenta con el patrocinio del constitucionalista Alberto Spota, solicita una medida cautelar autónoma para suspender los artículos 20 y 227 de la Ley de Contrato de Trabajo, modificada en febrero de este año. Según los demandantes, estos apartados colisionan con los artículos 14 bis, 17, 18 y 75 de la Constitución Nacional, afectando principios fundamentales como la propiedad privada y la seguridad jurídica.
Uno de los ejes más controvertidos es el nuevo régimen de percepción de honorarios profesionales. Los colegios denuncian que la norma permite el pago en cuotas de las regulaciones de costas en juicios laborales, desconociendo la naturaleza alimentaria de los mismos. “Las normas impugnadas aparecen prima facie incompatibles con el orden constitucional y legal vigente”, afirmaron en el escrito al que tuvo acceso exclusivo el diario Ámbito.
Autonomía provincial y facultades judiciales
La demanda también cuestiona la injerencia del Estado Nacional en la regulación de las costas, argumentando que dicha facultad corresponde a cada provincia según sus normas de litigación. Asimismo, señalan que la nueva ley resulta «redundante» al establecer sanciones por temeridad o malicia procesal, herramientas que ya se encuentran contempladas en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
Para los profesionales, esta duplicidad normativa busca generar un efecto disuasivo ante el riesgo patrimonial que implicaría para los abogados sufrir sanciones, lo que terminaría desvirtuando el derecho de defensa de los trabajadores y empleadores por igual.
Una coalición federal de colegios
La presentación judicial está encabezada por el Colegio de Abogados de Villa María, representado por su presidenta Amalia Itatí Demarchi, y cuenta con la adhesión de entidades de Córdoba, Rosario, Corrientes, Jujuy, Salta, La Pampa, Neuquén y diversas localidades de la Patagonia. Los demandantes solicitaron además que se declare la inconstitucionalidad del traslado al Estado para evitar que el Gobierno utilice mecanismos procesales para demorar la resolución de la medida cautelar.
Con esta acción colectiva, la abogacía organizada del país busca blindar la estructura de los procesos judiciales frente a los cambios introducidos por la administración libertaria, marcando un antecedente de fuerte resistencia gremial en el ámbito jurídico nacional.
<p>Un total de 29 colegios de abogados de todo el país iniciaron una acción judicial conjunta ante el fuero Contencioso Administrativo Federal para frenar la aplicación de artículos específicos de la nueva reforma laboral de Javier Milei. La demanda solicita una medida cautelar que suspenda los artículos 20 y 227 de la Ley de Contrato de Trabajo, argumentando que vulneran el derecho a la defensa y afectan la naturaleza alimentaria de los honorarios profesionales.</p>
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Zappo te lo cuenta
Si hay algo más peligroso que un político con una motosierra, es un ejército de abogados con un diccionario jurídico y mucho tiempo libre. Unos 29 colegios de abogados de todo el país decidieron que la nueva reforma laboral del presidente Javier Milei tiene más agujeros que un queso gruyere y se presentaron en masa ante el fuero Contencioso Administrativo Federal. Al parecer, la idea de que los honorarios profesionales —ese pequeño detalle que les permite pagar las expensas— se paguen en cuotas como si fueran un televisor en el Hot Sale, no cayó del todo bien entre los «doctores». Bajo el patrocinio de Alberto Spota, los letrados activaron el modo «acción colectiva» para avisar que, si les tocan el bolsillo y la forma de litigar, la justicia va a tener más trabajo que un cerrajero en un boliche.
El argumento central es que los artículos 20 y 227 de la reforma son, básicamente, un atentado contra la propiedad privada y el derecho a defensa. Según los demandantes, el Gobierno intentó ser «redundante» al crear sanciones por malicia procesal que ya existían, pero con un toque extra de riesgo patrimonial para que los abogados lo piensen dos veces antes de defender a alguien. Es la técnica del «efecto disuasivo»: te ponen tantas trabas que al final sale más barato quedarte en tu casa mirando series que ir a tribunales. Los colegios, que van desde Villa María hasta Ushuaia, se pusieron de acuerdo en tiempo récord —un milagro que ni la selección de Scaloni logra tan seguido— para blindar sus honorarios, alegando que tienen «naturaleza alimentaria». Traducido al criollo: con eso se come, no se financia el déficit fiscal.
Pero la jugada no termina ahí. Como saben que el Estado tiene más trucos para ganar tiempo que un alumno que no estudió para el examen, los abogados pidieron que no se le dé traslado al Gobierno para evitar las famosas «trabas administrativas». Quieren la cautelar ya, sin vueltas y sin que la apelación oficial deje todo en la nada. Es una batalla de titanes donde se discute la Constitución Nacional, pero de fondo suena el «clinc-caja» de las costas judiciales. Desde Corrientes hasta Chubut, los profesionales del derecho han firmado un pacto que básicamente le dice a la Casa Rosada: «Todo bien con la libertad, pero con mis honorarios no se milita». Veremos si el fuero Contencioso les da el brazo a torcer o si los abogados terminan pagando el café en 12 cuotas fijas.
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