Tras la reglamentación y plena vigencia de la Ley de Modernización Laboral, las reglas para determinar cuánto se paga por una indemnización por despido sin causa en Argentina han sufrido un cambio estructural. En este marzo de 2026, tanto empresas como trabajadores deben ajustarse a parámetros técnicos que buscan reducir la litigiosidad y otorgar previsibilidad al costo de salida laboral, en un marco de alta complejidad macroeconómica.
La reforma modifica sustancialmente el Artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), delimitando con precisión qué conceptos integran la base de cálculo y cuáles quedan definitivamente excluidos para evitar las distorsiones que históricamente generaban interpretaciones judiciales elásticas.
Ítems excluidos de la base indemnizatoria
La normativa actual es taxativa al definir que la base de cálculo será la mejor remuneración mensual, normal y habitual devengada durante el último año, pero excluye explícitamente los siguientes conceptos:
- Sueldo Anual Complementario (Aguinaldo): Ya no se computa para la base de la indemnización por antigüedad.
- Vacaciones: No se consideran para determinar la habitualidad del salario mensual.
- Premios y Bonos no mensuales: Aquellos pagos con periodicidad trimestral, semestral o anual (como bonos por objetivos) ya no pueden ser prorrateados para elevar el monto indemnizatorio.
Topes para salarios altos y el «Piso Vizzoti» codificado
Para el personal fuera de convenio y ejecutivos, la reforma establece que la base no puede exceder el equivalente a tres veces el promedio de las remuneraciones del convenio aplicable. No obstante, se ha incorporado una salvaguarda técnica: la base de cálculo nunca podrá ser inferior al 67% de la mejor remuneración real del trabajador. Esto implica que la reducción por aplicación de topes no puede superar el 33% del sueldo mensual habitual.
A modo de ejemplo, si un directivo percibe $5.000.000 y el tope del convenio se sitúa en $2.000.000, la empresa deberá aplicar el piso legal del 67%, fijando la base en $3.350.000. Asimismo, se mantiene la garantía mínima de que ninguna indemnización total podrá ser inferior a un mes de sueldo bruto completo.
Actualización judicial y tasas del BCRA
En el ámbito de los créditos laborales judicializados, el Banco Central (BCRA) ha reglamentado el uso de la Tasa Pasiva (promedio de plazos fijos a 30 días) con metodología de interés compuesto. Este sistema impone un techo de actualización basado en el CER + 3% anual, con el objetivo de evitar que las deudas de las PyMEs crezcan de forma exponencial por encima de los índices de inflación o de la capacidad de pago del sector productivo.
A pesar de que sectores gremiales mantienen estrategias de judicialización cuestionando la constitucionalidad de la norma, la reforma ya es una realidad operativa. Las liquidaciones finales de marzo de 2026 deben ajustarse a estos nuevos parámetros para garantizar validez legal y evitar contingencias futuras ante la administración pública y el sistema financiero.
<p>A marzo de 2026, la plena vigencia de la Ley de Modernización Laboral redefine el cálculo de indemnizaciones por despido sin causa en Argentina. La normativa establece parámetros técnicos estrictos para la base salarial, excluyendo el aguinaldo y premios no mensuales, e impone topes convencionales con un piso garantizado del 67% del sueldo real. Además, se reglamentó una nueva tasa de actualización judicial basada en plazos fijos para otorgar previsibilidad al sector empleador.</p>
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Zappo te lo cuenta
Si usted estaba pensando en hacerse despedir para comprarse un departamento frente al Parque de Mayo o jubilarse anticipadamente en una playa del Caribe, lamento decirle que el tren de las indemnizaciones astronómicas acaba de descarrilar. Con la Ley de Modernización Laboral soplando fuerte en este marzo de 2026, el cálculo del «adiós» se volvió más austero que un asado de presupuesto municipal. Ahora, la base para la cuenta final es tan selectiva que parece la entrada a un boliche de moda: el aguinaldo, las vacaciones y esos bonos anuales que le daban para que no se deprima, se quedaron afuera del baile. La ley se puso taxativa y solo deja pasar a la remuneración mensual, normal y habitual. Básicamente, si no lo cobra todos los meses, para la indemnización no existe, es un fantasma de su recibo de sueldo.
Para los ejecutivos y gerentes que solían frotarse las manos, la reforma les puso un «corralito» técnico. Si bien se mantienen los topes, ahora rige la regla del 67%: la quita por el tope del convenio no puede ser un hachazo mayor al 33% de su sueldo real. Es como si el Estado le dijera: «Te vamos a podar el árbol, pero te dejamos el tronco para que no te caigas». Así, un gerente que gana fortunas ya no puede pretender que la empresa le pague como si fuera el dueño, pero tampoco lo pueden dejar cobrando como si fuera el que recién arranca a cebar mates. Es un equilibrio delicado, diseñado para que las PyMEs no tengan que entregar las llaves del local cada vez que deciden que «el ciclo de Juan Carlos en la empresa ha terminado».
Y para coronar este festival de la previsibilidad, el Banco Central le puso un techo a los juicios. Se terminó esa gimnasia financiera donde un juicio laboral rendía más que una criptomoneda en ascenso. Ahora la tasa es pasiva, basada en plazos fijos y con un tope de actualización que busca evitar que una demanda se transforme en una deuda externa privada. Mientras la CGT va a la Justicia a decir que esto es un atropello, la realidad es que en las oficinas de Recursos Humanos ya tienen la calculadora programada con el nuevo chip. Si lo echan hoy, el cheque va a venir con menos ceros de los que soñaba, pero con la tranquilidad legal de que, al menos, el cálculo es tan preciso que no admite ni un error de redondeo. ¡Bienvenidos al nuevo mundo donde el despido es un trámite y no un sorteo de lotería!
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