La salida de Marco Lavagna del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), concretada el pasado 2 de febrero, ha derivado en una crisis de credibilidad institucional tras la explosiva editorial de la periodista Cristina Pérez. Lejos de la versión de una transición armoniosa, Pérez denunció una presunta maniobra política orquestada desde sectores vinculados al exministro Sergio Massa para «dinamitar» la confianza en el programa económico del presidente Javier Milei.
La denuncia de la «inflación inflada»
En su programa televisivo, Pérez citó a una «fuente inobjetable» para sostener que Lavagna pretendía implementar una nueva metodología de medición —el IPC con base en la encuesta de consumo 2017/18— que contenía distorsiones técnicas deliberadas. Según esta versión, el objetivo era publicar un dato de inflación de enero de 2026 significativamente más alto que el real para quebrar la tendencia a la baja y golpear la credibilidad del ministro Luis Caputo ante los mercados internacionales.
Desde el Gobierno afirman que la estructura del nuevo índice era deficiente y que su aplicación representaba un «salto al vacío» estadístico. La sospecha oficial radica en que la nueva canasta estaba diseñada para maximizar el impacto de ciertos rubros, generando un dato que hubiera disparado el Riesgo País y afectado la estrategia de estabilización monetaria.
La visión contrapuesta: ¿Intervención o rigor técnico?
Por otro lado, sectores de la oposición y consultoras económicas plantean una lectura inversa. Sostienen que Lavagna se habría resistido a «pisar» el índice, ya que la nueva metodología reflejaba de manera más fidedigna el peso de los servicios públicos y tarifas en el presupuesto de los hogares. Con los aumentos recientes de luz y gas, el nuevo IPC hubiera arrojado una cifra superior al 3%, un número políticamente costoso para la gestión de La Libertad Avanza.
Versión Cristina Pérez (Pro-Gobierno) Versión Crítica (Oposición/Económica) Lavagna armó un índice «mal hecho» para inflar la inflación de forma artificial. El nuevo índice era más preciso y daba más alto por el peso real de las tarifas. Se evitó un complot político de raíz massista dentro del organismo. Se intervino el INDEC para no publicar un dato que incomodaba al Ejecutivo. La solución es seguir con el índice viejo hasta que no haya distorsiones técnicas. Postergar el índice nuevo es un «manoseo» a las estadísticas públicas del país.El impacto del ajuste tarifario
Uno de los ejes del conflicto es el peso relativo de los gastos. Con la canasta actual —basada en datos del año 2004—, el impacto de los aumentos en servicios públicos es menor que en la canasta de 2017/18. Expertos señalan que el nuevo índice blanquearía que el ajuste tarifario tiene una incidencia de hasta 4 puntos porcentuales adicionales anuales, algo que el Gobierno prefiere postergar.
Tras la asunción de Pedro Lines, técnico de extrema confianza del equipo económico, el INDEC confirmó que el lanzamiento del nuevo IPC se postergará hasta el segundo semestre de 2026. La orden oficial es clara: esperar a una mayor estabilidad de precios y evitar que la transición estadística sea utilizada como una herramienta de disputa política.
